martes, 16 de diciembre de 2014

Conflicto en Guerrero activa alerta roja sobre la Guerrilla, un inminente riesgo,se reactiva la insurgencia??

  • martes, 16 de diciembre de 2014
  • 2 Comentarios
    InsightCrime/Estado Mayor

    La desaparición y presunta muerte de 43 manifestantes estudiantiles en Iguala, Guerrero, ha generado preocupaciones de una nueva oleada de guerrilleros en el sur de México, pero ¿qué tan probable es esto?.

    NARCOVIOLENCIA-La situación en Guerrero claramente ha provocado una crisis democrática. El alcalde de Iguala y su esposa, acusada de supervisar el masivo asesinato de los manifestantes, fueron detenidos tras permanecer ocultos durante varias semanas. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció en medio de las protestas. Y los activistas dentro de Guerrero, incluyendo familiares de los estudiantes desaparecidos, están haciendo un llamado a boicotear todas las elecciones hasta que se encuentren los alumnos. Un portavoz habló ominosamente de "pensar en las acciones sobre las que no queremos estar pensando".

    Por lo tanto, no es una sorpresa que algunos medios de comunicación estén reportando un aumento en las actividades de los grupos guerrilleros locales. Esto no hace del regreso de un gran movimiento insurgente una conclusión inevitable, y siguen siendo considerables las barreras para que México descienda hacia un conflicto civil sostenido. Sin embargo, es difícil imaginar un conjunto de circunstancias en el México moderno que sean más propicias para fomentar la oposición civil armada contra el gobierno.

    Muchos de los factores son históricos: el sur de México, y Guerrero particularmente, ha sido durante décadas un caldo de cultivo insurgente. Gran parte de eso radica en la persistente desigualdad que se encuentra en el sur; un problema social que se correlaciona fuertemente con los movimientos insurgentes. Guerrero fue el segundo estado con mayor desigualdad en el país, según un estudio reciente realizado por el gobierno mexicano, y ese estatus es de larga data.

    Durante la Guerra Sucia de México en los años setenta y ochenta, varios de los grupos de izquierda más prominentes que se ganaron la ira del gobierno se establecieron fuera de Guerrero. Muchas de las desapariciones que tuvieron lugar en esa época estuvieron concentradas en el estado y el blanco era el Partido de los Pobres. Una de las figuras más infames de la época, el maestro de escuela que se convirtió en revolucionario, Lucio Cabañas, operó desde las montañas de Guerrero, financiando las actividades de su grupo a través de secuestros y robos a bancos. Cabañas murió en un tiroteo con el ejército mexicano en 1974.

    Pero esto no es simplemente una reliquia histórica; el legado de la Guerra Sucia también afecta al Guerrero moderno. No es una coincidencia que los grupos actuales como el EPR (Ejército Popular Revolucionario), el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), las FAR-LP (Fuerzas Armadas Revolucionarias - Liberación del Pueblo), y el PROCUP-PDLP (Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo - Partido de los Pobres) hayan llamado a Guerrero su hogar durante muchos años. Estos son los herederos ideológicos de Cabañas y sus aliados, la evidencia de la eterna sospecha de la estructura política de México dentro de la región. Y más al grano, ellos representan un público prefabricado para los mensajes en contra del gobierno que hay detrás de cualquier movimiento insurgente.

    El paisaje del crimen organizado en Guerrero es un factor que complica aún más la situación. Con su amplia línea costera y la proximidad al masivo mercado local de drogas en Ciudad de México, el territorio siempre será codiciado por los narcotraficantes. En el Guerrero de hoy, el panorama criminal es extremadamente fracturado. Un análisis reciente de Víctor Sánchez en Animal Político calculó no menos de nueve grupos criminales diferentes operando en el estado: el Cartel Independiente de Acapulco, los Caballeros Templarios, los Guerreros Unidos, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, los Rojos, la Familia Michoacana, La Barredora, los Ardillos, y los Granados. En la mayor parte del estado, hay varios grupos operando en el mismo territorio.

    La constelación de grupos rivales es de por sí un obstáculo, porque sus conflictos generan derramamiento de sangre y hacen que gobernar sea un desafío. Como resultado, tienden a abrir un espacio para grupos extralegales que canalizan la frustración popular, y proporcionan a los locales alguna esperanza de defenderse de un grupo criminal aparentemente implacable. Las tácticas específicas utilizadas por muchos de los grupos criminales, que asedian a los civiles más que muchas organizaciones tradicionales como el Cartel de Sinaloa, sólo empeoran el conflicto. Los grupos criminales en Guerrero, para tomar un ejemplo, fueron pioneros en extorsionar a los maestros.

    Un elemento clave de esto es que todos los principales partidos políticos parecen estar comprometidos, ya sea por su apoyo político a los protagonistas de los asesinatos en Iguala o por su excesiva incapacidad para asegurar soluciones significativas. El PAN y el PRI son dos partidos mexicanos de la clase dirigente adinerada, y ambos generan sospechas e incluso hostilidad en el sur rural y pobre de México. Pero es revelador que la principal voz de los marginados de México, Andrés Manuel López Obrador, al parecer fuera un partidario del alcalde de Iguala José Luis Abarca y de Aguirre. (Él niega tener estrechos vínculos con Abarca.) Si incluso López Obrador es visto como insuficientemente leal a las masas pobres, entonces no hay nadie a favor de ellos dentro del sistema político establecido.

    En resumen, Guerrero parece un polvorín, y las desapariciones en Iguala podrían servir como fósforo. No obstante, sigue siendo poco probable que se de un conflicto civil.

    El gobierno federal de México, cualquiera que sean sus defectos, sigue siendo mucho más fuerte que sus contrapartes de Colombia del siglo XX o Guatemala. No hay patrocinador extranjero que financie a los guerrilleros locales con el fin de hacer miserable la vida del gobierno, como es el caso típico de las insurgencias más robustas. La proliferación de grupos insurgentes también habla de su debilidad y falta de organización, una barrera clave. Y si bien hay una gran sospecha popular frente al gobierno en México, eso no significa que habría compasión por aquellos que tomen las armas en contra del Estado.


    Pero Guerrero está coqueteando con las circunstancias que podrían provocar un movimiento insurgente, un camino peligroso y perjudicial, incluso en ausencia de una rebelión armada.

    Fin de año alerta roja por guerrilla

    Dos ataques con bombas “artesanales” en noviembre a centros comerciales, cuatro comunicados de tres diferentes grupos armados en menos de una semana con mensajes de apoyo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Todas las alertas están encendidas en Guerrero. Mientras el mensaje del secretario de Marina, dirigido a líderes de las organizaciones sociales aglutinadas alrededor de los estudiantes normalistas, generó suspicacias y alertó sobre lo que podría venir.

    México,-NARCOVIOLENCIA- El mensaje dura seis minutos con 30 segundos, está fechado el pasado 2 de diciembre y viene firmado por un grupo guerrillero que se hace llamar “Coordinación Revolucionaria Libertad”. El texto que difundieron al cual dieron lectura dos de los siete individuos que aparecen cubiertos del rostro con paliacates en un video subido a Internet, se titula “Manifiesto a la Nación número 4”. El mensaje fue uno de los cuatro comunicados, dados a conocer por tres organizaciones guerrilleras diferentes, que circularon en menos de seis días después de que el pasado 20 de noviembre estallaran al menos seis petardos en una sucursal bancaria localizada en el centro comercial San Mateo en Naucalpan, Estado de México. Días antes el martes 11, otra explosión en una tienda Soriana que dañó dos bancos y otros locales comerciales, localizada en Avenida Carlos Hank González en Valle de Aragón, Ecatepec, fue adjudicada en un comunicado por el EPR (Ejército Popular Revolucionario), donde señaló que ésta formó parte de una “acción político militar de carácter material y alcance limitado”.

    Los dos atentados precedieron a la difusión de un mensaje el día 27 de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP); a quienes le siguieron dos comunicados el día 29 del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR); y el día 2 de diciembre, en el aniversario 40 de la muerte de Lucio Cabañas, al video y comunicado de la “Coordinación Revolucionaria Libertad”, organización que dice aglutinar a diferentes agrupaciones guerrilleras clandestinas que operan en diferentes partes del país y en el estado de Guerrero.

    De acuerdo a reportes de gubernamentales uno de los últimos registros de aparición pública de la denominada “Coordinación Revolucionaria Libertad”, fue el 18 de noviembre del 2013 cuando criticaron el mensaje y el festejo oficial por el aniversario 103 de la Revolución Mexicana. Desde entonces no habían hecho ninguna manifestación pública. El video donde un hombre lee los destinatarios a quienes va dirigido, y después una voz de mujer comienza con la lectura del mensaje en relación a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, tenía hasta el pasado lunes 15 de diciembre dos mil 508 reproducciones en la web de YouTube.

    “Las desapariciones forzadas, las detenciones y consignaciones arbitrarias, las provocaciones policiacas y las masacres perpetradas por el Estado criminal, han sido elementos recurrentes en la historia de la injusticia en México. Lo que no había ocurrido hasta hoy es el tamaño de la indignación y la protesta social, suscitada por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de 6 personas. No olvidemos que entre esas víctimas un joven fue desollado”, se escucha que lee la voz de una mujer.

    Le sigue la voz de un hombre, quien dice: “Nunca como ahora la percepción social y el juicio popular, frente a hechos como éste, había sido tan clara y firme: ¡Fue el Estado!”. El comunicado que es leído párrafo por párrafo de manera compartida, resume la posición de la organización de cara las protestas sociales por la desaparición de los estudiantes normalistas. “La vida transcurre sobre el trasfondo del genocidio y el exterminio social que las mafias provocan en su lucha por el control del territorio y mercado. Han convertido la guerra en norma. ¿Cuántos muertos más brotarán de las fosas en México?”, se preguntan.

    “En el contexto de esta guerra, tomar calles y plazas públicas por estos agravios incomprensibles es fundamental. No solo como manifestación de indignación, sino también para mirar a otros que la comparten, para generar confianza y vínculo entre nosotros, aprendiendo a dialogar, a escucharnos, a generar acuerdos, a crear mecanismos que tengan un efecto a mediano y largo plazo”. Y concluyen dirigiéndose a los padres de los jóvenes: “Padres de familia: La desaparición de sus hijos nos ha provocado un inmenso dolor. Estos hechos evidencian la violencia de Estado que hemos sufrido todos en diferentes grados. Estamos convencidos de la necesidad de romper esta cadena de agravios que nos somete. Nuestra solidaridad con ustedes es real, sincera e incondicional. No están solos. Somos una coordinación de organizaciones armadas revolucionarias dispuestas a actuar y a responder al llamado de los tiempos y del pueblo. ¡Cuenten con nosotros!”.

    El mensaje finaliza con la rúbrica donde los cuatro individuos que aparecen detrás de los tres que están sentados, con un personaje en medio que casi no se mueve, empuñan sus fusiles en posición de firmes mientras leen la fecha y terminan.

    En Guerrero se reactiva la insurgencia

    En el comunicado del día 27 de noviembre las FARP (Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo) señalan la necesidad de establecer una “agenda nacional de derechos humanos”, después de hacer un recuento de lo que ha significado la impunidad en crímenes que han marcado al país en su pasado reciente. En ese contexto citan el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. “Los acontecimientos actuales son muy graves. Por momentos pareciera que esta situación corre el riesgo de diluirse y convertirse, desgraciada y dolorosamente, en una coyuntura más, correr la suerte de ese dicho maldito: ‘En México no pasa nada, y cuando pasa, no pasa nada’. Sin embargo, por aquí y por allá aparecen expresiones que la reactivan, que la visibilizan y que entonces nos reaniman a examinarla como un cambio de rumbo definitivo. Pero para abordarlo de esa manera, es necesario ver que estos hechos no solo han puesto contra la pared a los tres niveles de gobierno, a los partidos políticos y en general a toda la clase política, sino también a todos los que somos de una u otra manera oposición social, política, político-militar… A decir verdad, estos acontecimientos han puesto contra la pared a toda la sociedad”.

    Las FARP, que en su momento fue considerada una organización escindida del EPR, se sumó a las proclamas de los grupos armados guerrilleros por presentar con vida a los jóvenes normalistas desaparecidos. Un detalle ha puesto demasiado nerviosos a los cuerpos de seguridad y a los agentes del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional): se tienen identificados a varios líderes que forman parte de las conexiones de estos grupos vinculados a los llamados frentes de masas como las organizaciones civiles, sociales, de derechos humanos, agrupaciones de abogados y organizaciones con más militantes, como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), agrupación disidente de la sección 22 de Oaxaca, considerada con una mayor militancia radical.

    De tiempo atrás los grupos de inteligencia de la 35 zona militar, con cuartel en Chilpancingo, tenían identificado a la Unión Popular, que encabezaba Arturo Hernández Cardona —asesinado presuntamente por el defenestrado ex alcalde de Iguala José Luis Abarca—como una de las organizaciones que servía de “fachada” a grupos guerrilleros. Los señalamientos fueron rechazados en su momento por quienes integran la llamada UP. Lo mismo ha ocurrido con varios líderes de la CETEG, vinculados a organizaciones armadas, quienes en días recientes acusaron al gobierno federal de poner en riesgo su vida al vincularlos a grupos guerrilleros.

    Tras los disturbios de días pasados en Chilpancingo, con la quema de la sede del Tribunal Superior de Justicia, la “toma” del Instituto Estatal Electoral, el incendio a la delegación de la PGR en la entidad, y el cierre de carreteras y la toma de casetas, el nerviosismo se tradujo en irritación. El pasado miércoles 10 de diciembre el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina, dijo durante una reunión por el fin de año con representantes de medios de comunicación, a raíz de la beligerancia de las protestas por la desaparición de los 43 jóvenes. “Me llama mucho la atención ver actores o agrupaciones que se dedican a tratar de desacreditar lo hecho por el gobierno federal, y me enoja más todavía que manipulen a padres de familia, que manipulen a esta gente porque eso están haciendo, pues están manipulando para no reconocer o para seguir incrementando esto”.

    La alusión al crecimiento de la violencia, con choques y disturbios con que concluían las protestas, no pasó de largo. Se le cuestionó a quién o quienes se refería y solo dijo: “Está perfectamente claro. Hay grupos y personas que, creo, no hay necesidad de contestar exactamente quienes son. Salen en televisión y tienen ahí su nombre. Este grupo que aparece en todos lados, que está cerrando caminos y además buscando otro tipo de cosas”.

    Para varios analistas de la prensa de la ciudad de México quedó claro que el dardo del almirante iba dirigido a la CETEG y varios de sus líderes como Ramos Reyes Guerrero, vinculado por el CISEN a una organización disidente del EPR denominada Frente Popular Revolucionario. También estaba en ese objetivo Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos y Vidulfo Rosales, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Los tres en diferentes momentos se han deslindado de los señalamientos de formar parte de alguna organización guerrillera, y en otro momento han criticado el que se criminalice su actuación al frente de sus agrupaciones.

    La preocupación, sin embargo, no cesa. El choque del domingo 14 de diciembre donde tres policías federales resultaron con heridas de consideración, mientras 13 normalistas y padres de familia quedaron malheridos, volvió a colocar la alerta a todo lo que da. Para las comandancias militares de la 35 zona en Chilpancingo, la 27 en el Ticuí en Atoyac y la novena región en Acapulco, este podría ser un fin de año de pronóstico reservado.

    Juan Veledíaz

    @velediaz424

    Estado Mayor
    Apóyanos con un me gusta a nuestra página de Facebook/NarcoviolenciaOficial
    Compartir:

    2 comentarios:

    1. Me pregunto x q sera q en estos casos nadie opina o comenta pero farandula chismes y estupideces todos opinan esto deberia preocuparnos x lo q estamos pasando hagamos algo al respecto debemos apoyar x un cambio quitar la basura q esta Como gobierno

      ResponderEliminar
    2. El ejercito los acavara a todos si andan de mamones

      ResponderEliminar