lunes, 22 de diciembre de 2014

El por que de los muertos en San Fernando, admiten participación del estado en las matanzas de migrantes en Tamaulipas

  • lunes, 22 de diciembre de 2014
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    Hasta ahora, sólo conocemos algunos hechos fragmentados y con múltiples versiones de las masacres de San Fernando y Cadereyta. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Aún falta una verdad con hechos establecidos, autores identificados y víctimas escuchadas. Esa verdad es un derecho de las víctimas y de la sociedad.

    El dia de hoy la PGR dio a conocer documentos desclasificados sobre la masacre en San Fernando Tamaulipas en 2010 donde reconoce la participación del estado en la masacre de migrantes.

    NARCOVIOLENCIA-Setenta y dos migrantes de diversos países que viajaban por México rumbo a Estados Unidos fueron secuestrados y asesinados en agosto de 2010 de manera simultánea en San Fernando, Tamaulipas; entre abril y mayo del año siguiente, en las profundidades de la tierra de ese mismo pueblo del noreste mexicano, se descubrieron 47 fosas en las que yacían clandestinamente los cuerpos de por lo menos 193 hombres y mujeres. Al año siguiente, en mayo de 2012, no muy lejos de San Fernando, los restos de 49 personas fueron lanzados sobre una carretera de Cadereyta, Nuevo León.

    Estas son tres de las mayores masacres ocurridas en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, durante el cual se violaron masivamente los derechos humanos y se cometieron delitos de lesa humanidad que merecen ser investigados a fondo. En nuestra región, para muchos ciudadanos, el dolor ante estas atrocidades será un dolor infinito, sin embargo, en su momento, dichos acontecimientos no provocaron sólo miedo sino terror entre los ciudadanos. Así es: el terrorismo apareció en nuestras ciudades y pueblos, sin que hasta la fecha tengamos realmente claro cómo y por qué sucedió.

    A lo largo de los últimos tres años, diversas personas y grupos de la sociedad civil han recorrido laberínticos caminos de la burocracia legal mexicana buscando abrir los expedientes oficiales sobre estas tragedias para tratar de arrojar luz donde ahora sólo hay sombras. Agotadas las posibilidades en el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Procuraduría General de la República, la decisión está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    Ante una situación excepcional, se requieren acciones excepcionales. Por eso es necesario que exista una versión pública de la investigación oficial que se ha realizado de estos tres hechos que forman parte de la crisis humanitaria padecida en el noreste mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría sentar un gran precedente para evitar que la corrupción se mantenga dentro de los Ministerios Públicos que deberían indagar estos acontecimientos, para combatir la impunidad y para empezar a construir una verdad histórica que ayude a reconstruir el tejido social.

    Este no es el problema de un número específico de 283 víctimas masacradas en tres hechos distintos. La sociedad mexicana en general fue víctima de este terrorismo que paralizó la vida de cientos de pueblos y ciudades. Eso nunca debería suceder de nuevo, por eso es tan importante que el gobierno lleve a cabo las acciones necesarias para reparar los daños, reconocer sus omisiones, afrontar sus errores y sancionar a los responsables.

    En el caso de lo que sucedió en San Fernando, Tamaulipas, entre la información que se conoce ahora —muy escasa debido a la imposibilidad de hacer periodismo en la zona—  está la de que policías locales participaron en estos actos. Sin embargo, no se sabe hasta qué punto hubo colusión por parte de otras autoridades, ni tampoco se conoce con precisión qué está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto para llevar justicia por estos casos ocurridos durante la llamada Guerra del Narco.

    Para desterrar el terror, hace falta la verdad.

    En el caso de San Fernando un paso a la Verdad

    Sólo tras una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de divulgar la información que se clasificó como reservada— la PGR confirma, por primera vez en cuatro años, que existió y en qué consistió la complicidad del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando, tanto en la de los 72 ocurrida en agosto de 2010 como en el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.

    Documentos dados a conocer por la Procuraduría General de la República  (PGR) revelan que en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, se señala la participación de policías de tránsito y de seguridad municipales.

    De acuerdo a un reporte del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicado hoy, la Fiscalía abrió los documentos luego que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) respondió a una solicitud de este organismo.

    En los documentos, se citan declaraciones de miembros del Cártel de Los Zetas, quienes informaron que los policías municipales actuaron como "halcones" del grupo criminal, interceptaron a personas y pasaron por alto actividades ilícitas del crimen organizado.

    En la tarjeta informativa se consigna que Álvaro Alba Terrazas, uno de los detenidos, dijo a investigadores de la PGR que Los Zetas pagaban a policías para que en lugar de remitir a detenidos a la cárcel municipal se los llevaran al grupo criminal.

    "Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se le lleven al Pentágono, es decir la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas.

    "El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar", se lee en el documento.

    Por estos hechos la Policía Federal localizó y presentó el 13 de abril de 2011 a 16 integrantes de la Policía Municipal de San Fernando.

    Entre los detenidos estaban Óscar Jaramillo sosa, Lázaro Flores Peña, Martín García Badillo, Eleodoro Sánchez Robles, Rogelio de la Portilla Herevia, María Guadalupe Galván Hernández, Remigio Carrillo Mireles y Guadalupe Hernández Ibarra.

    También fueron requeridos Manuel Ávila Lugo, Elpidio Reyes Sáenz, José Luis Aguilar Vélez, Julio Guadalupe Jaramillo Vela, Mario Alberto Romero Hernández, Santos Maldonado Reyes, Gilberto Rivera Hernández y Jesús Ramos López, todos ellos adscritos a la Policía Municipal, así como Joel Reséndiz Moreno.

    Aunque los detenidos negaron su participación en los hechos a todos se les dictó el auto de formal prisión el 30 de junio de 2011.

    Como parte de la investigación, detalla el documento, se ejerció acción penal en contra de 72 personas por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

    En su reporte, el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense compara el caso de la masacre de migrantes con la desaparición de 43 normalistas en Iguala, pues, según el organismo, se repite el mismo patrón.

    "El caso de San Fernando sigue un patrón familiar, que se ha visto varias veces en los últimos años.

    "Como el caso Ayotzinapa, las masacres de San Fernando son sintomáticas de la sucia guerra de corrupción y narcopolíticas que han consumido partes de México en la última década", argumenta.
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