miércoles, 17 de diciembre de 2014

Morir en México, Historia de los muertos en la Narcoguerra PAGINA 14

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    En las décadas de 1950 y 1960, millones de estadounidenses experimentaron las drogas. Contraculturas vibrantes surgieron de un movimiento más amplio que descartaba las normas y morales de una sociedad rígida, racista y opresiva. Los miembros de la cultura dominante respondieron satanizando aún más el uso de las drogas, igualando toda forma de protesta contra el racismo y la Guerra de Vietnam con la delincuencia —el consumo de drogas— e iniciando la llamada Guerra contra las Drogas.

    Dos meses después de su toma de posesión, Richard Nixon estableció el Grupo Presidencial Especial de Trabajo sobre Narcóticos, Marihuana y Drogas Peligrosas. En un informe del 6 de junio de 1969, el grupo de trabajo dijo que los mexicanos eran “responsables por el problema de abuso de la marihuana y las drogas”. El grupo recomendó que México fuera “obligado a acatar un programa de defoliación de las plantas de marihuana”. ¿Cómo obligarlos? Kate Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional, lo expresó así: “El arma usada para golpear a México para que obedeciera sería un ataque sorpresa masivo en la frontera de México por fuerzas policiales estadounidenses, en una operación llamada ‘Operación Intercepción’”.

    El 21 de septiembre de 1969, Nixon lanzó la Operación Intercepción. El plan era sencillo: inspeccionar rigorosamente a cada persona, automóvil y avión que llegara de México al sur de los Estados Unidos. Esto prácticamente cerró la frontera de 3,168 kilómetros. Nixon no informó sus planes al presidente de México Gustavo Díaz Ordaz —quien comandó la masacre por el ejército de cientos de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La decisión unilateral enfureció a los funcionarios mexicanos. Los embotellamientos en la frontera y la amenaza económica a los exportadores mexicanos obligaron rápidamente al gobierno mexicano a someterse a negociaciones desiguales y desfavorables. México envió una delegación a Washington y para el 10 de octubre la administración de Díaz Ordaz había “convencido” al gobierno de Nixon de suspender la Operación Intercepción, y la administración Nixon había “convencido” a la administración de Díaz Ordaz a unirse a la Operación Cooperación y, a través de ella, a la “Guerra contra las Drogas” de Estados Unidos —un término que Nixon usó públicamente por primera vez el 17 de junio de 1971.

    Siete años después de la Operación Intercepción, en septiembre de 1976, el gobierno mexicano inició un programa militar de defoliación llamado Operación Cóndor. Cinco mil soldados y 350 policías federales trabajando en conjunto con 30 agentes estadounidenses de la DEA (Drug Enforcement Agency) asignados a México, y usando 40 aviones —algunos de los Estados Unidos—, atacaron y destruyeron decenas de miles de hectáreas de campos de marihuana en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero.

    En ese tiempo no se conocía ningún cártel narcotraficante transnacional en México. Sin embargo, los productores y traficantes relativamente pequeños de Sinaloa huyeron de la Operación Cóndor y se establecieron en diferentes ciudades del país. La Operación Cóndor quemó los campos de marihuana, pero también promovió la dispersión geográfica de los productores y traficantes de marihuana de las accidentadas y aisladas montañas de Sinaloa a las ciudades de Guadalajara, Tijuana y Ciudad Juárez. Además, tan pronto los soldados de la Operación se fueron, la gente replantó los campos quemados.

    Antes de la Operación Cóndor, los sinaloenses cultivaban marihuana en Sinaloa y la contrabandeaban a los Estados Unidos. Después de la Operación Cóndor, los sinaloenses cultivaban marihuana en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Durango, Zacatecas y Baja California y la contrabandeaban a los Estados Unidos. Los sinaloenses comandaban todas las grandes organizaciones narcotraficantes que crecieron en la década de 1980. Los sinaloenses manejaban el Cártel de Guadalajara, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez y desde luego el Cártel de Sinaloa. El Cártel del Golfo irrumpió en el escenario a principios de los 90 con el ascenso de Carlos Salinas de Gortari y la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La Familia Michoacana se declararía independiente en 2006 y quedaría prácticamente desmantelada en enero de 2011.

    El dinero de la cocaína construyó a Miami en la década de 1970, pero a principios de los 80 la sangre en las calles llegó a ser excesiva —los homicidios en Miami aumentaron de 104 en 1976 a 621 en 1981— y el gobierno estadounidense decidió expulsar la violencia. Llega Reagan y su Guerra contra las Drogas. La administración Reagan desmanteló las rutas directas del narcotráfico de Colombia y el Caribe a la Florida con un despliegue masivo de agentes federales. Las drogas siguieron llegando. Ningún antro de Miami dejó de tener su provisión. Los traficantes colombianos de cocaína voltearon la mirada hacia México y su larga y solitaria frontera con los Estados Unidos. Gracias a la Operación Cóndor, los traficantes sinaloenses de marihuana habían construido redes a lo largo de la frontera para el tráfico de marihuana. La mota siguió llegando, más que nunca, ahora junto con cocaína de Colombia.

    La guerra del narco de Reagan consolidó los fundamentos racistas de la prohibición en un nuevo sistema racial de castas, como argumenta Michelle Alexander. También amplió la política estadounidense de “seguridad” hemisférica —o las guerras subsidiarias contrainsurgentes— y su lamentable adicción a las drogas. Libros como The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade, de Alfred McCoy, han documentado la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el narcotráfico del Sudeste Asiático en los años cincuenta y sesenta, y en Afganistán y Centroamérica en los setenta y ochenta, para financiar escuadrones de la muerte anticomunistas. Durante los ochenta, la CIA también apoyó las guerras contrainsurgentes en Nicaragua con fondos del tráfico de cocaína. Robert Parry y Brian Barger fueron los primeros periodistas en revelar la historia a Associated Press (AP) en 1985. Funcionarios de la administración Reagan lanzaron una campaña de difamación personal contra ambos periodistas y lograron expulsarlos de AP. De abril de 1986 a abril de 1989, el Subcomité del Senado sobre Narcóticos, Terrorismo y Operaciones Internacionales realizó audiencias e investigó las acusaciones de la participación de la CIA en el apoyo a fuerzas contrainsurgentes en Nicaragua involucradas en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos.

    El informe del Subcomité, publicado el 13 de abril de 1989, descubrió entre otras cosas “la participación en el narcotráfico por parte de individuos asociados al movimiento de la Contra” y “pagos a narcotraficantes realizados por el Departamento de Estado de E.U.A. con fondos autorizados por el Congreso para ayuda humanitaria a los Contras, en algunos casos después de que los traficantes habían sido inculpados por delitos de drogas por agencias federales del orden público, en otros mientras los traficantes se encontraban bajo investigación por las mismas agencias”. Los tres principales periódicos de los Estados Unidos enterraron breves notas en sus últimas páginas: Washington Post, página A20; Los Angeles Times, página A11; New York Times, página A8. Peter Kornbluh, del Archivo de Seguridad Nacional, escribió en Columbia Journalism Review que “el informe del Comité Kerry fue relegado al olvido; y se perdieron las oportunidades de seguir las pistas, responder a los obstáculos interpuestos por la CIA y el Departamento de Estado que los investigadores del Senado afirman haber enfrentado, informar al público y cerrar el asunto”. Funcionarios de la administración Reagan se burlaron del presidente del Subcomité, el senador John Kerry, y los medios de comunicación hicieron lo mismo; Newsweek memorablemente llamó a Kerry un “impúdico entusiasta de las conspiraciones”.

    En julio de 1995, después de haber publicado un reportaje premiado donde ponía en evidencia las leyes de decomiso de bienes provenientes del narcotráfico de California intitulado “The Forfeiture Racket” (“El fraude del decomiso”), el periodista de investigación Gary Webb, que entonces trabajaba en el San Jose Mercury News, decidió seguir la pista de la CIA, los Contras y el tráfico de cocaína a Los Ángeles. Sus artículos revelaron que la CIA había apoyado a reconocidos narcotraficantes en Nicaragua, pero por primera vez también rastreó la llegada de dichas drogas en la forma de crack a barrios afroamericanos en la región Sur Central de Los Ángeles. Webb publicó su serie, llamada “The Dark Alliance” (“La oscura alianza”) a mediados de agosto de 1996 y se encontró frente a frente con los sicarios del silencio. Los tres mismos periódicos que ignoraron el informe del Comité Kerry en 1989 (Washington Post, Los Angeles Times y New York Times) asignaron equipos de periodistas de investigación y entre todos publicaron más de 30 mil palabras: no para seguir el rastro de la historia que Webb había revelado, sino para destrozarlo a él. Uno de los periodistas del Washington Post encargados de desacreditar “The Dark Alliance” fue Walter Pincus, quien trabajó para la CIA espiando a grupos juveniles a finales de los años 50 e inicio de los 60.

    Nick Schou, en su libro Kill the Messenger: How the CIA’s Crack-Cocaine Controversy Destroyed Journalist Gary Webb (Maten al mensajero: cómo la controversia del crack y la cocaína de la CIA destruyó al periodista Gary Webb) describe cómo los exitosos artículos del Washington Post, Los Angeles Times y New York Times utilizaron contradicciones en los testimonios de delincuentes convictos por delitos de drogas citados en “The Dark Alliance” para fustigar la credibilidad de Webb y del San Jose Mercury News, presionando al periódico para que se retractara de la historia y despidiera a Webb: los editores lo mandaron a cubrir la vida diaria en la pequeña ciudad de Cupertino. Poco después renunció. Desacreditado e incapaz de obtener un empleo en un periódico, trabajó para el Senado de California y después brevemente en el periódico Sacramento News and Review, antes de dispararse en la cabeza con una .38 el 10 de diciembre de 2004.

    En 1998, pocos días después de que el San Jose Mercury News anunció la renuncia de Webb, la CIA publicó una declaración negando la colaboración de la agencia con narcotraficantes. Un mes después la CIA publicó el primer volumen de un informe que sustentaba la declaración. Algunos meses después la Agencia publicó el segundo volumen del informe, contradiciendo lo que los agentes habían dicho y escrito antes y reconociendo que entre 1982 y 1995 sus agentes trabajaron con reconocidos narcotraficantes que apoyaban a los Contras y que mantuvieron un acuerdo con el Departamento de Justicia para no reportar el tráfico de drogas realizado por sus “activos”. No hubo escándalos, no hubo protestas. Los principales periódicos no asignaron equipos de periodistas de investigación para explorar los doce años anteriores de mentiras y de complicidad de la CIA con el narcotráfico. Silencio.

    No es necesario hablar de teorías de la conspiración o siquiera de conspiraciones; los hechos reconocidos son suficientemente mordaces. No es necesario meditar sobre los posibles planes o intenciones de Ronald Reagan y los funcionarios de su administración con su declaración de guerra de 1982. Treinta años después, el encarcelamiento masivo por medio de leyes antidrogas se ha convertido en el nuevo sistema de castas de discriminación racial en los Estados Unidos, y la muerte y el caos que siempre acompañan al tráfico ilegal de drogas se han expulsado al otro lado de la frontera, a México.

    Si realmente hubiera una guerra contra las drogas, las drogas estarían ganando: la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud en los Estados Unidos de 2009 estimó que 21.8 millones de personas mayores de 12 años habían consumido alguna droga ilegal en el último mes. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calculó en su Informe Mundial sobre las Drogas de 2009 que entre 170 y 250 millones de personas usan drogas ilegales en el mundo. Los Estados Unidos son el mayor consumidor del planeta de todas las drogas en el mercado. En 2009, más personas en los Estados Unidos se drogaron que en cualquier año anterior; al mismo tiempo, el 2009 fue también el año más sangriento hasta entonces en la guerra del narco en México. La relación directa entre el uso recreativo de drogas en los Estados Unidos, la prohibición y la muerte y el terror desatados en México es ineludible. Algunas drogas pueden dañar, pero la prohibición mata.

    Con pleno apoyo del Congreso de E.U.A., las sucesivas administraciones presidenciales de ese país han usado programas de la guerra contra las drogas, como la extradición y las revisiones de certificaciones anuales que amenazan a los países que pierden la certificación con la suspensión de la ayuda exterior y con sanciones, como herramientas para forzar a países menos poderosos a acceder a la prohibición y al intervencionismo estadounidense. Como escribe Richard Davenport-Hines en La búsqueda del olvido, “Las políticas de la prohibición han transformado a medicamentos lícitos, aunque peligrosos, en el mercado negro más lucrativo y mejor organizado del mundo. Esencialmente, la prohibición ha sido una técnica informal de colonización cultural estadounidense”.

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