miércoles, 17 de diciembre de 2014

Morir en México, Historia de los muertos en la Narcoguerra PAGINA 11

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    A los empresarios del mercado negro también les gusta diversificar sus inversiones. Además de lavar el dinero en los innumerables negocios de la economía legal, los magnates internacionales del narco están expandiendo sus áreas de actuación, por ejemplo, en la industria petrolera. Un reportaje del The Washington Post de diciembre de 2009 describe cómo los Zetas y otros cárteles se robaron más de mil millones de dólares de petróleo de Pemex entre 2008 y finales de 2009. En los casos descritos por The Washington Post, los Zetas extrajeron el petróleo directamente de oleoductos federales para llenar camiones tanque que después usaron para vender el combustible a un número de compañías petroleras tejanas como y Gas y Oil and Trammo Petroleum. Funcionarios de Pemex afirmaron haber detectado el robo de 715 millones de dólares de petróleo sólo en 2008. Y al parecer los Zetas no son los únicos que trabajan el mercado de petróleo robado: funcionarios de la compañía descubrieron 396 tomas ilegales en los 31 estados mexicanos. En 2010, el robo de petróleo aumentó 75 por ciento. En diciembre de 2010 un oleoducto en el estado de Puebla explotó, matando a 28 personas, incluyendo a 13 niños. El director de Pemex Juan José Suárez Coppel responsabilizó a una toma ilegal por la explosión.

    Los empresarios del mercado ilegal de narcóticos complementan sus ganancias con el tráfico humano, el secuestro, la extorsión e inclusive el abigeato. Edmundo Ramírez Martínez escribió un informe para el poder legislativo sobre los peligros que enfrentan los migrantes centroamericanos al atravesar México rumbo a los Estados Unidos. Calculó que el control del tráfico humano a través de la frontera le brinda al narcotráfico 3 mil millones de dólares adicionales al año. Otro informe del poder legislativo mexicano afirma que el secuestro aumentó 300 por ciento en los últimos cinco años. El informe calcula que grupos narcotraficantes participaron en 30 por ciento de los secuestros recientes, mientras soldados y policías conforman el 22 por ciento de los secuestradores en el país. Un día apacible de agosto de 2010, en el estado de Tamaulipas, un grupo de sicarios asesinó a 72 migrantes centro y sudamericanos en un rancho. Poco después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó haber recibido 198 denuncias de testigos de secuestros de casi 10 mil migrantes sólo en los primeros meses de 2009. En Ciudad Juárez, las extorsiones y los secuestros han llevado a miles de pequeñas y medianas empresas a la ruina, resultando en el cierre de 10 mil negocios en los últimos tres años. Con el titular: “Crimen roba ganado y lo vende al mercado formal”, el periódico El Universal escribió en septiembre de 2010 que en por lo menos 11 estados el abigeato ha aumentado entre 30% y 50%. Los ganaderos “atribuyen [el aumento] al crecimiento de la delincuencia organizada y a que los cárteles del narcotráfico han ampliado su campo de actividad”.

    Y están las armas. La ley federal mexicana prohíbe la venta libre de armas y los permisos son emitidos directamente por la Secretaría de la Defensa y son muy difíciles de obtener. En los estados fronterizos estadounidenses de Texas y Arizona se pueden comprar ametralladoras AK-47 y AR-15, pistolas de 9mm e incluso rifles Barret calibre .50 en efectivo y sin permiso. La “guerra del narco” de Calderón aparentemente creó una bonanza para las 7 mil pequeñas tiendas de armas legales en la región fronteriza de Estados Unidos con México. Según un informe publicado por el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego y el Instituto México del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, los decomisos de armas de fuego ilegales por parte del gobierno mexicano aumentaron más del triple entre 2007 y 2008, de 9 mil 553 a 29 mil 824. El Washington Post reportó en septiembre de 2010 que 62 mil 800 de las más de 80 mil armas ilegales confiscadas entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 provinieron de tiendas de armas en los Estados Unidos. (En 2008, agentes estadounidenses confiscaron sólo 70 armas en los cruces fronterizos.) Y éstas son sólo las armas descubiertas y reportadas por la policía y el ejército mexicanos. En enero de 2011, el Centro Brady para Prevenir la Violencia Armada publicó un informe con datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) que demuestra que desde 2008 más de 62 mil armas de fuego “desaparecieron” de los inventarios de tiendas de armas estadounidenses. Puesto que la ATF sólo inspecciona el 20 por ciento de las tiendas de armas, el número debe de ser mucho mayor. Del mismo modo, el número de armas confiscadas, rastreadas y reportadas por las autoridades mexicanas es sin duda una fracción de las armas en circulación. La Asociación Nacional del Rifle de E.U.A. afirma que los grupos narcotraficantes mexicanos obtienen sus armas de traficantes de armas centroamericanos y desertores del ejército que se llevan las armas consigo. Aunque esto no se discute, el número de armas confiscadas en México y rastreadas a vendedores legales en los Estados Unidos es asombroso. De donde quiera que vengan, todas esas ametralladoras y pistolas automáticas representan otra floreciente industria secundaria posibilitada por la bacanal de muerte en México. Irónicamente, Calderón con frecuencia culpa a las leyes armamentistas de los Estados Unidos y la disponibilidad de armas en ese país por la violencia en México. (Las leyes estadounidenses tienen mucha de la culpa, pero no las leyes armamentistas.)

    La ilegalidad también requiere que el discurso moral de la prohibición sea respaldado con enormes flujos de fondos para ejércitos y fuerzas policiales. Estos fondos a su vez requieren que se produzcan detenciones y decomisos de droga. La competencia en la economía del narco usa esta necesidad como forma de eliminar a opositores y rivales, denunciando a las autoridades federales los escondites y guaridas del enemigo.

    En este contexto, la ilegalidad deriva en una tercera complicación: todos los desacuerdos en la industria deben ser resueltos fuhbera de la ley. El método más popular de resolución de conflictos en una cultura empresarial ilegal donde el efectivo es tan abundante que se convierte en una suerte de carga, es el asesinato a sueldo. Traiciona, delata, roba, haz el trabajo mal hecho, olvida algo, ofende al jefe o habla demasiado, y tu transgresión probablemente dictará tu muerte. Quienes hacen las leyes de la industria del narco no imponen multas, prisión, servicio comunitario; sólo muerte. Y la muerte también es un buen negocio. La Institución Brookings estima que en promedio dos mil armas —desde pistolas “mata policías” hasta fusiles de asalto AK-47 y AR-15— se compran en los Estados Unidos y se contrabandean a México todos los días.

    Esto es lo que no puedes decir: la muerte es parte de los costos fijos, un gasto empresarial en una industria transnacional ilegal multimillonaria; el ejército mexicano y la policía federal son parte de ella, combatiendo en una guerra de exterminio contra presuntos narcotraficantes alineados con organizaciones que el gobierno federal considera ingobernables o amenazadoras, sobre todo los Beltrán Leyva y los Zetas. Esta guerra de exterminio sirve también para encubrir asesinatos políticos, ejecuciones paramilitares, acciones de justicieros y extorsiones, secuestros y asesinatos cotidianos. Esta guerra de exterminio también ha provocado un contraataque de asesinatos coordinado, armado e indescriptiblemente cruel por parte de los cárteles de los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana (hoy sustituida por Los Caballeros Templarios) y los Zetas, en su lucha por mantener el control de su territorio y de sus rutas de tráfico.

    La muerte está en todos lados.

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