viernes, 16 de enero de 2015

Ausencias que lastiman, El caso de un desaparecido en Tamaulipas

  • viernes, 16 de enero de 2015
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    La PGR se declaró incompetente en el caso; la autoridad federal pidió comprobar que el crimen organizado estaba involucrado.
    Cd Victoria,-Tamaulipas,-NARCOVIOLENCIA-A tres años de la desaparición de Juan Daniel, en el municipio de Mante en Tamaulipas, la familia Soria Ramírez enfrenta una de las peores pesadillas: la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente, le recomendó no buscarlo y los amigos se olvidaron de ellos.

    La señora Silvia Ramírez Ávila recuerda a su hijo, con quien perdió contacto desde el 20 de octubre de 2011, tenía 21 años, y se dedicaba a instalar baños de plástico portátiles; sin embargo no ha vuelto a saber de él.

    A Juan Daniel lo enviaron a instalar esos equipos sanitarios a un destacamento de soldados y policías federales en Ciudad Mante.

    “Él se iba los lunes y regresaba los viernes, pero un día simplemente no volvió, ese día le pidió a mi esposo que le pusiera saldo, que quería comunicarse con nosotro; mi esposo lo hizo y cuando le hablamos ya no contestó”, relató.

    Junto con Juan Daniel, desaparecieron Édgar Alberto Garza González y José Antonio Marmolejo González, originarios de Victoria y Tampico, respectivamente. De las familias de ellos no se sabe nada.

    Esta situación detonó una serie de desgracias para toda la familia; con pérdidas de empleo, amenazas y los que se decían “amigos”, les dieron la espalda.

    Originarios de Morelia, Michoacán, esta familia tiene 12 años de tener su residencia en Ciudad Victoria, mientras que Juan Daniel tenía dos años más de radicar en la localidad.

    “Me he enfrentado a quedarme sola porque los que se llaman amigos lo abandonan a uno, nos dejaron sin trabajo, toda mi familia está desempleada, no nos quieren dar trabajo, no tenemos nada ahorita”, relató.

    Recuerda que, tras perder contacto con su hijo, acudieron a la PGR, instancia que se declaró incompetente, debido a que no había seguridad de que la situación estuviera relacionada con la delincuencia organizada.

    “Me dijeron que ellos no sabían si la delincuencia organizada se lo había llevado, que necesitaba yo investigarlo, si era la delincuencia quien lo tenía para poder llevar el caso”, señaló la madre.

    Ante la negativa de la autoridad federal para investigar el caso, por su cuenta la familia intentó realizar, con sus posibilidades, las indagatorias que les permitieran saber algo, lo que fuera, del paradero de Juan Daniel.

    “La PGR me prohibió ir a Mante, no que no pueda ir, sino que me dijeron: ‘por su vida es mejor que no lo haga’; posteriormente iniciaron mi expediente  en  Mante, después que levanté la denuncia hablé para preguntar cómo iba y me dijeron que estaba en reserva”, recordó.

    De forma paralela y ante la primera negativa de la autoridad federal, acudió a la Procuraduría General de Justicia del estado, donde recibieron su denuncia; sin embargo, la situación no fue muy diferente porque pasaron los meses y no hay avances.

    En ese calvario que enfrenta la familia, la señora Ramírez Ávila ha viajado a la capital del país ante el área de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le han extraído ADN y la información ha sido enviada a Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, donde se han localizado fosas clandestinas con cuerpos o restos de personas.

    Su esposo, quién trabajaba en el Poder Judicial de la Federación, fue privado de su libertad por varios días, eso le provocó la pérdida de su empleo pese a que interpuso demandas. Lo peor es que han recibido amenazas. Pese al miedo, asegura que no cesará en la búsqueda de su hijo.
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