viernes, 9 de enero de 2015

La Historia de "El Virrey" que conquisto el narco en Michoacán

  • viernes, 9 de enero de 2015
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    No tenía forma de terminar bien (o de encaminarse a un arreglo, porque esto no parece que vaya a terminar pronto), tras haber iniciado de la peor manera, pero el último trabajo de Alfredo Castillo, el comisionado "para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán" (no me reclamen a mí, alguien más decidió otorgarle ese título; aunque, claro, siempre nos podemos referir a él como lo hace casi todo mundo: "el virrey"), ha resultado un desastre que cada semana se supera a sí mismo en términos de violencia, terror y cagadero institucional.
    Infanta  Sinalefa

    Este señor se ha dedicado a aplicar angel face para disimular algunas de las pequeñas imperfecciones del gobierno de Peña Nieto, desde que Quique era gobernador del Edomex. Él sustituyó a Alberto Bazbaz como procurador cuando salió después del ridículo que hizo con el caso Paulette y tomó cargo de la Profeco cuando quitaron al papá de la lady que cerraba restaurantes.

    En esta ocasión, como comisionado en Michoacán, daría la impresión de haber topado con pared: se trata del changarro más complejo que le ha encargado su jefe y ni de lejos le ha dado una cara presentable ante el circuito mediático a la gestión del gobierno federal en ese estado.

    Castillo llegó como el administrador de un segundo piso para el gobierno del estado, en muchos sentidos por encima del gobierno formal y, claro, del pacto federal. De inmediato, se sentó a negociar con los grupos de autodefensa que por entonces estaban en ebullición y trató de aparentar que podía mantener sus labores dentro de un marco legal. Repartió las armas entre los grupos que más le convenían y regularizó a muchos de los llamados narcos "arrepentidos". Para esto, metió al bote al líder de estos grupos con más arraigo ciudadano, y que menos reductible era a negociar con el gobierno federal: José Manuel Mireles. (Ah, sí: y le cambió el nombre a las autodefensas, porque sonaba medio placoso, para bautizarlas como Guardias Rurales).
    Mireles, al centro, flanqueado a la derecha [con barba] por uno de los socios cómodos de Castillo, el Papá Pitufo.

    También se reunió con Juan José Farías, El Abuelo, un conocido "ex" narco que había sido lugarteniente de los hermanos Valencia y a quien se ha relacionado con Zheli Ye Gon y el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya después explicaría que no sabía quién era ese señor y que la reunión era pública, aunque haya sucedido en una bodega cerrada. Pero de todos modos nada de su "explicación" tuvo sentido, así que para qué esforzarnos en discutirle.

    Fotograma del video de la tal reunión y retrato de El Abuelo.

    Son sólo algunos ejemplos de razones por las que la chamba del virrey era cuestionable de origen y lo que ha sucedido desde que llegó al cargo no es más que el resultado previsible. Desde su llegada, la mayoría de los índices de delitos graves (con excepción del secuestro) ha aumentado, la presencia territorial y el volumen de los negocios de los cárteles no se ha visto afectado (al contrario, se ha consolidado la operación de nuevos grupos, como el de Los Viagras) y la rivalidad entre las distintas facciones de las guardias rurales y los cárteles viejos y nuevos se ha vuelto más intrincada y ha llevado a enfrentamientos más frecuentes y violentos.

    Uno de los más recientes, que ha sido punto de inflexión para el confuso manejo de la "seguridad" en Michoacán, fue el tiroteo del pasado 16 de diciembre en el pueblo de La Ruana, entre el grupo liderado por Hipólito Mora y el que dirige Luis Antonio Torres, El Americano. El saldo fue de 11 personas muertas, entre las que se contó a Manuel Mora, hijo de Hipólito.

    Hipólito Mora, ahora preso en el penal de Mil Cumbres.

    A pesar de que los fallecidos estaban repartidos entre ambos bandos (seis pertenecían a las fuerzas del Americano y cinco a las contrarias), en una primera instancia se trató de imputar a Hipólito diez cargos de homicidio por los hechos de ese día: todos menos el de su hijo. Y aunque tanto él como el Americano se entregaron voluntariamente, el trato que se ha dado a los dos ha sido distinto en matices muy significativos: Mora se presentó ante las autoridades, dos días antes que su rival, en medio de un enorme operativo de seguridad y de señalamientos anticipados de su culpabilidad por parte de las autoridades.

    A Luis Antonio Torres, por el contrario, sólo le faltó el mariachi cuando lo despidieron en Buenavista Tomatlán: llegó una hora más tarde de lo pactado, con sólo nueve de sus hombres (el compromiso era que se entregarían 26 personas) y una mujer se colgó del helicóptero en que se lo llevaron a Morelia, llorando a moco suelto por su partida. Lo más elocuente de esto fue el abrazo con que el procurador el estado, Martín Godoy Castro, recibió a quien supuestamente habría de ser investigado por las muertes de ese 16 de diciembre.

    El Americano, al momento de ser recibido y alegremente acompañado por su amiguito, el procurador Martín Godoy.

    El comisionado/virrey despachó mediáticamente el asunto con la explicación de que el tiroteo se debió a problemas personales entre los dos dirigentes (y de paso, se aventó algunos malabares argumentativos para hacer de la entrega voluntaria de ambos una muestra del "fortalecimiento de las instituciones"). Es decir, una balacera entre dos grupos, armados y legitimados por el gobierno federal, que supuestamente se encargan de mantener la seguridad de una región, se explica sólo como un pleito entre dos vatos que se caen mal, algo que no debe preocuparnos.

    Y no es como que el problema lo haya agarrado desprevenido, porque no le han faltado indicios para sospechar que el proceso de integración de las autodefensas se había corrompido antes de su llegada y sobre todo, que esos indicios se multiplicaron durante la formación de las guardias rurales. El Americano ha aceptado haber pertenecido al cártel de Los Caballeros Templarios, aunque la versión que más circula es que sigue trabajando para ellos.

    Una de las voces que más ha insistido en esto es la del cura Gregorio López Jerónimo, de la diócesis de Apatzingán (tocayo del sacerdote asesinado en Guerrero hace unos días), que habló desde la llegada de Castillo a Michoacán del riesgo de que el Estado armara a narcotraficantes en activo y los dejara operar dentro de un marco legal. En concreto, dio el nombre de Luis Antonio Torres, y no ha dejado de insistir en su colusión con organizaciones dedicadas al narco, al tiempo que ha señalado la condena injusta contra Hipólito Mora, uno de los pocos integrantes de alto rango que mantienen cierta credibilidad y base popular. También ha denunciado que el comisionado recibió al inicio de su gestión siete millones de dólares de parte de Los Viagras, a cambio del derecho de operación en su territorio.

    El cura Gregorio López Jerónimo.

    Una de las primeras consecuencias del enfrentamiento en La Ruana fue la toma de la presidencia municipal de Apatzingán, por parte de ex integrantes de las autodefensas, que pedían justicia para los asesinos del hijo de Hipólito y que se detuviera a Servando Gómez, La Tuta. La versión oficial trata de vincular a los ocupantes con el cártel de Los Viagras, aunque como hemos visto, no nos saldría barato creer la versión oficial a ciegas.

    El hecho es que el desalojo de la toma ocasionó un nuevo enfrentamiento, con saldo de nueve muertos reconocidos hasta hoy y 44 detenidos (que ya fueron consignados y enviados al penal), en el que intervinieron tanto fuerzas de la policía federal como del ejército, de una manera que no ha sido completamente aclarada. Se sabe que la PF disparó a los ocupantes, alegando que portaban armas largas y que ellos habían iniciado el tiroteo. Con todo esto, el plantón se reanudó y al momento se mantiene.

    Algunos de los participantes en la toma de la alcaldía de Apatzingán.

    Al parecer, el único que efectivamente cree que todo esto no es para tanto es el mismo Castillo, quien, por ejemplo, al momento del enfrentamiento en La Ruana se encontraba desempeñando una importante visita institucional en Polanco, que tenía por objeto la compra de un rólex y comer en un restaurante mamón. Apunto esto no con la intención de condenar de forma superficial su tan compartida inclinación por las cosas caras (pagadas con dinero ajeno), sino porque es representativo de la estrecha, casi inexistente (diría que le quiten el "casi", pero Castillo sí tiene ventajas mediáticas y políticas sobre los narcos) distancia que lo separa de quienes dice combatir: las cabezas de los cárteles.

    Se ha hablado de Michoacán como laboratorio de una nueva estrategia de gestión de la seguridad pública. Es cuestionable que se trate de un modelo que pueda implantarse en el resto del país. La tendencia, más bien, parece ser la de crear distintos esquemas adaptados a cada entorno. (Un ejemplo sería la policía militar de Nuevo León, donde se pretenden crear zonas de seguridad destinadas a proteger, sobre todo, a la industria energética, al estilo Irak).

    El asunto michoacano podría servir, en todo caso, como una radiografía de la forma en que se instrumenta y se simula el "combate" a las drogas: en primera instancia, se tiene la apariencia de un conflicto integrado por tres partes, cada una con sus subdivisiones y fracturas como son las instancias gubernamentales (gobierno federal, ejército, gobierno del estado, la comisión de Castillo, etc.), las guardias rurales/autodefensas y los cárteles. La segunda de estas partes en bronca parecería tener sus fronteras cada vez más difusas, desbordándose a cada uno de los dos costados, lo que, en teoría, explica la escalada en la violencia.

    Servando Gómez, La Tuta, famoso conductor de reality shows, entrevistador y gerente de un exitoso corporativo.

    Lo cierto es que la figura del comisionado y la historia de su desempeño pone en evidencia que se trata de un gestor del conflicto para provecho del régimen: su flagrante parcialidad, las evidencias de su corrupción y la forma selectiva en que parece intervenir para apagar enfrentamientos o, si se necesita, exacerbarlos, están documentadas.

    Es por eso que la chamba de Castillo es, necesariamente, algo más que la gerencia en turno y en ese sentido el apodo de virrey sería acertado. Un aspecto de ese trabajo sería coordinar la distribución del mercado del crimen organizado como un asunto vinculado a su trabajo oficial de regular la violencia (como ejemplos, la forma en que ha solapado la transición de tantos miembros de Los Templarios hacia las guardias rurales y la evidencia de su protección de brazos nuevos como Los Viagras). Pero esa administración no es solamente la económica, sino la que se refiere a una acepción más amplia de la palabra: la gestión del poder sociopolítico. Y una parte integral de esta gestión, tal como se practica en las "modernas democracias latinoamericanas", es el manejo del conflicto derivado de la prohibición de las drogas y la violencia inevitable entre las partes interesadas en ese mercado, por el hecho de ser relegadas a la ilegalidad (entre las que siempre mediará el poder estatal).

    La supuesta guerra contra las drogas ha sido un mecanismo efectivo para romper el tejido social y combatir la oposición organizada al régimen. Sobre todo, en la actualidad facilita la implantación de medidas de control político y económico cada vez más agresivas, por vía de la desmovilización y el temor permanentes que provoca en zonas específicas. Castillo se asegura de mantener aceitado ese mecanismo haciendo lo mismo que le era encargado al representante de la Corona en la Nueva España: asegurarse de domesticar a los socios estratégicos y mantener al resto de rodillas.

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