martes, 6 de enero de 2015

La Historia de porque nunca se ha podido ganar La Guerra contras las Drogas PAGINA 4

  • martes, 6 de enero de 2015
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    Colombia, de por sí inundada de violencia política (incluyendo una ola doméstica de guerrillas y paramilitares), se convirtió en la capital mundial de homicidios. Entre 1980 y 1990, Medellín sufrió un enorme incremento de asesinatos, de 730 a 5300 por año, anticipando la suerte actual de Ciudad Juárez. Escobar movilizó a su ejército de asesinos contra todo enemigo, hasta llegar a una guerra abierta entre el cártel de Medellín y el gobierno después de 1987, cuando Estados Unidos lanzó con Colombia una política de extradición judicial de los “peces gordos”. Esta ofensiva “Barco-Bush” señalaba la falta de confianza en el desarrollo de las instituciones colombianas y desalentó las iniciativas nacionales serias para llegar a una solución de acuerdos políticos con los narcotraficantes. Se registraron algunas victorias simbólicas, pero fueron los colombianos, y no los estadounidenses, quienes pagaron el alto precio en sangre y en un deterioro de los derechos humanos, incluyendo a finales de 1993 la dramática cacería humana y el asesinato del personaje fugitivo Escobar.

    Si actualmente sirve de lección para México, la guerra de principios de los noventa en contra de Medellín y de los demás cárteles en realidad no “funcionó”. Su principal logro fue que el centro de gravedad de la cocaína se desplazara de esa ciudad sitiada hacia la de sus rivales en Cali. Varios observadores de esa época interpretaron la campaña como un acuerdo tácito entre el Estado colombiano y los traficantes más discretos y cooperativos en contra de personajes imprevisibles como Escobar. El criminólogo Michael Kenney hábilmente ilustró que la intervención estadounidense y la represión relacionada con las drogas en Colombia durante los años noventa llevaron en última instancia al desarrollo de organizaciones de narcotraficantes mucho más eficientes. Colombia ahora alberga a más de 600 redes de exportación de drogas bien camuflajeadas, a los llamados cartelitos “boutique”, que se han diversificado con estrategias globales de exportación (a Brasil y a Europa), con drogas complementarias (heroína en los años noventa y más recientemente fármacos adulterados) y tecnologías mejoradas (contrainteligencia de alta tecnología, coca genéticamente alterada, submarinos escondidos).

    Otras dos medidas represivas de la guerra antidrogas cambiaron la geografía de la cocaína. Primero, a principios y mediados de los años ochenta, alarmados por la intensidad del narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia ligada a las pandillas en el condado de Dade —el punto principal de entrada de la cocaína colombiana— la DEA y los agentes federales concentraron sus esfuerzos para interceptar droga en las costas del sur de Florida. La Fuerza de Tarea Conjunta de Florida, de tipo militar, y ofensivas como “Operación Pez Espada” integraron a más de 2000 agentes liderados por el vicepresidente George H.W. Bush. Para finales de los años ochenta, los colombianos estaban activamente retirándose del corredor Caribe-Florida. La redada de 1992 que llevó a la captura del traficante Harold Ackerman y a la exposición de la red que controlaba fue la gota que derramó el vaso para los exportadores de Cali, quienes ya usaban puntos de embarque alternativos vía Panamá, Centroamérica y el norte de México, agenciados por el hondureño Juan Matta Ballesteros. Drogas residuales del Caribe fluyeron por Haití, el “Estado fallido” más cercano a las fronteras estadounidenses (más aún después de la intervención en contra de Aristide), manejadas por su codiciosa casta militar de la era Duvalier. En general, las incursiones en los ochenta en contra de la cocaína colombiana en Florida generaron un poderoso empujón blowback a los nacientes narcotraficantes mexicanos.

    El desplazamiento de la cocaína a Colombia fue otro cambio estructural de finales de los noventa. La presión estadounidense y los regímenes de derecha lograron por último reducciones visibles de la coca ilícita andina. En Perú, el régimen autoritario Fujimori-Montesinos, alarmado por el lucrativo baluarte Huallaga que estaba bajo el control de Sendero Luminoso, adoptó políticas militares de supresión, incluyendo el corte del puente aéreo de la cocaína hacia el norte. En Bolivia, el Plan Dignidad patrocinado por Estados Unidos, finalmente terminó con las exportaciones de pasta de coca, dejando, sin embargo, a su paso el movimiento militante campesino de la coca, que propulsaría, como blowback político, al cocalero nacionalista Evo Morales a la presidencia en 2005. Estas victorias temporales simplemente movieron la cosecha de la coca a Colombia, un país con poca tradición cocalera indígena, concentrando de forma masiva la industria vertical-integrada agrícola de la cocaína para finales de los años noventa. La cocaína había dado otro paso enorme hacia el norte.

    El desenlace de estos cambios en la cocaína fue el Plan Colombia de 1999, establecido en el último año de gobierno del demócrata Bill Clinton, y luego adoptado en Bogotá como alianza estratégica de facto por el presidente conservador Álvaro Uribe. Han habido muchos debates acerca del Plan Colombia —el costo en derechos humanos incluye a casi cuatro millones de desplazados internos, versus las ganancias aparentes en contra del crimen urbano y las viejos movimientos insurgentes de izquierda—. Pero un resultado es bastante claro: como política antidrogas ha fallado por completo en su intento por detener el comercio de la cocaína que sigue prosperando en los Andes. Vendido de manera costosa y con el objetivo de eliminar la cocaína ilícita, el Plan Colombia se considera ahora en Washington un programa exitoso de “seguridad” o de desarrollo de nación, precursor y modelo para la guerra contra el narcotráfico en México.

    MÉXICO APROVECHA LAS OPORTUNIDADES, 1985-2014
    Desde mediados de los noventa, el lugar más caliente y rentable del viaje de la cocaína hacia Estados Unidos ha serpenteado miles de kilómetros hacia el norte hasta llegar a la zona fronteriza entre Estados Unidos y México —hasta el mercado estadounidense y sus instituciones antidrogas—. Desde 2007, la ofensiva respaldada por Estados Unidos del presidente mexicano Felipe Calderón en contra del narcotráfico ha provocado una explosión de violencia con la intensidad de una guerra civil los años mas violentos fueron 2008 a 2011. Los mismos guerreros antidrogas de Washington, cuyas políticas del pasado contribuyeron al violento desplazamiento hacia el norte de la cocaína, tienen pánico por la desestabilización de su frontera.
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