martes, 6 de enero de 2015

La Historia de porque nunca se ha podido ganar La Guerra contras las Drogas PAGINA 3

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    Para 1970, las autoridades antidrogas norteamericanas estaban extremadamente alarmadas por el ascenso de esta nueva cadena del producto ilícito, todavía fuera del alcance del público. En realidad las dos décadas de esfuerzos desesperados por contenerla habían causado su proliferación. En retrospectiva, hay dos aspectos de la cultura de la cocaína en los años sesenta que deberían de haberlos tranquilizado. Primero, el comercio se llevaba a cabo sin violencia: la red que traficaba cocaína era pacífica, parecida a muchas formas tradicionales de contrabando en las fronteras latinoamericanas. Los chilenos y los cubanos no se mataban entre sí en las calles disputando territorios ni partes del negocio. Segundo, ese comercio estaba geográficamente contenido en lugares muy remotos de Sudamérica: en terrenos deforestados en el oriente de Perú y en Bolivia, y en su mayor parte sacado por contrabando desde la antípoda Chile. Dejando de lado el blowback de la intromisión estadounidense, la cocaína era un asunto casero en Sudamérica.

    EL ASCENSO Y LA CAÍDA DE LOS CÁRTELES COLOMBIANOS, 1973-1995
    Antes de los años setenta, Colombia no participaba sistemáticamente en el comercio sudamericano de la cocaína, aunque contaba con empresarios astutos, contrabando regional, crecientes exportaciones “marimberas” de mariguana desde la costa norte caribeña, y con un legado terrorífico de violencia cotidiana en los años cincuenta. Con la llegada tardía de los colombianos durante la era de Richard Nixon (1969-1974), la cocaína adquirió una dimensión política hasta entonces desconocida.

    Dos eventos de la Guerra Fría propulsaron la cocaína hacia el norte. El primero, consecuencia de la vigorizada política exterior anticomunista de Nixon-Kissinger, fue el golpe militar en Chile de Augusto Pinochet en septiembre de 1973. Además de desmantelar la democracia chilena, Pinochet, para congraciarse con Nixon y su recientemente formada DEA, lanzó a finales de 1973 una campaña draconiana en contra de los principales traficantes chilenos de cocaína, a quienes encarceló o expulsó con rapidez del país. El impacto —en 1970 los colombianos de bajo rango eran “mulas” de los grupos chilenos— fue un cambio rápido de la ruta de la pasta de coca campesina de Huallaga y de las tierras bajas de Bolivia hacia el norte, pasando por el pueblo fronterizo amazónico de Leticia y luego hacia el centro de Colombia. Contrabandistas pioneros en Medellín como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa reestructuraron el comercio y expandieron de forma espectacular su escala y alcance. El segundo evento fue la declaración de Nixon en 1969, por razones políticas, de la “guerra” en contra de las drogas, principalmente en contra de la benigna mariguana (el “opio” de los alumnos antiguerra y de la cultura juvenil) y de la heroína (un verdadero opio temido por los veteranos de la guerra de Vietnam y el chivo expiatorio de la ola de crímenes de “negros” en las ciudades estadounidenses en decadencia) . Las disposiciones enérgicas tomadas con respecto a estas drogas —los recorridos aéreos de la Operación Intercepción, el bloqueo de la frontera mexicana y las medidas en contra la red del tráfico de heroína llamada la Conexión francesa— crearon una apertura perfecta del mercado a la cocaína andina, introduciéndose en la cultura estadounidense de principios de los setenta como una “droga blanda” glamurosa y costosa. Era más fácil, seguro y rentable traficar cocaína, por lo que los proveedores de mota de Colombia, Miami y México cambiaron rápidamente de producto.

    Se ha hablado mucho de los cárteles colombianos —término equivocado para estos robustos negocios regionales de familia—, pero se sabe poco sobre su nacimiento. Una vez propulsada a Colombia, la cocaína prosperó en lugares como Medellín. No es casualidad que fuera el epicentro empresarial nacional en decadencia. Empresarios como Escobar, Ochoa y Carlos Lehder se aprovecharon de las rutas de transporte al mayoreo por las islas caribeñas, de los trabajadores colombianos desperdigados en lugares como Miami y Queens, y de la falta de atención de la DEA en los años setenta (la cocaína aún era considerada una droga blanda de los ricos). Para 1975, el comercio se había expandido a cuatro toneladas, y para 1980 los colombianos estaban moviendo 100 toneladas de cocaína a Estados Unidos, disminuyendo los precios. Las exportaciones se concentraban en tres principales grupos regionales: Medellín, Central (Bogotá) y Cali (del Valle). Esta última era una nueva ciudad en expansión, convenientemente cerca al puerto de Buenaventura en el Pacífico, donde operaban clanes como el de Rodríguez Orejuela y el de Herrera. Sin embargo, hasta principios de los años noventa, Medellín, bajo el liderazgo carismático de Escobar, manejaba alrededor de 80% del comercio, más de la mitad proveniente de pasta de coca producida en Huallaga en el oriente de Perú, y lo demás de Bolivia.

    Para mediados de los años ochenta había cerca de 22 millones de consumidores de cocaína en Estados Unidos. Precios a la baja y mercados de descuentos racialmente etiquetados (como el “crack” afroamericano), así como la creciente violencia relacionada con la droga hicieron que la cocaína se convirtiera en el peor mal según los guerreros antidrogas estadounidenses, la prensa y el público. Propagada por los republicanos Reagan y Bush, la histeria de la cocaína llevó a la drástica militarización de la campaña en el extranjero en contra de la planta de coca. Era difícil encontrar aliados confiables entre los regímenes tolerantes de la droga de Perú, Colombia y Bolivia durante el narcorégimen corrupto de García Meza. La escalada de los esfuerzos hemisféricos en Perú (ayuda militar directa y una base militar armada en la Huallaga), Bolivia (Operación Blast Furnace y fuerzas UMOPAR antidrogas entrenadas por Estados Unidos), Colombia (un pacto forzado de extradición para fines de los ochenta) y Panamá (la invasión en 1989 para derrocar a Manuel Noriega, ex aliado de Estados Unidos) no pudieron detener a la cocaína. Todo lo contrario. La presión norteamericana provocó, por una parte, la mejora en las habilidades comerciales de los narcotraficantes y en su capacidad para ocultarse, por la otra, la duplicación de la coca amazónica entre 1982 y 1986 (cosechas aseguradas contra tierras capturadas) y, también, la baja del precio al mayoreo de la droga, de 60 000 a 15 000 dólares el kilo (registrado en el sur de Florida) a lo largo de la década.

    La competencia y los intereses monetarios aumentaron a millones de dólares por cargamento y los colombianos recurrieron a la violencia estratégica, en contraste con el anterior comercio pacífico de la cocaína. Los colombianos desplegaron sicarios en Estados Unidos en contra de los restantes distribuidores cubanos. Para principios de los ochenta, la ciudad de Miami estaba abrumada por guerras entre pandillas donde los “vaqueros de la cocaína” de la era de Miami Vice luchaban por controlar un pedazo del territorio. En Colombia, la violencia seguía siendo principalmente un arma defensiva contra policías e informantes, aunque los sobornos eran una práctica bastante efectiva. Los traficantes, como cualquier clase empresarial creciente, intentaron primero conseguir una mayor legitimidad social: se postularon para gobernantes (Escobar fue brevemente senador del Partido Liberal), financiaban a candidatos, ofrecían treguas estratégicas y apoyo fiscal al Estado y proporcionaban servicios locales y organizaciones benéficas. Pero la mezcla de la presión por parte de Estados Unidos y la ansiedad colombiana con respecto a las “infiltraciones” del narco en el gobierno llevaron a un rompimiento de este equilibrio a mediados de los años ochenta. Después de 1984, la impunidad relativa de los narcotraficantes disminuyó (empezando con la expulsión por parte del ministro de Justicia, Lara Bonilla, del políticamente ambicioso Escobar), y los traficantes respondieron con una descarga de ataques simbólicos y puntuales en contra del Estado colombiano: bombardeos terroristas, secuestros, asesinatos de jueces, candidatos nacionales y periodistas, incluyendo el asesinato del mismo Lara Bonilla.
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