El origen de la llamada Guerra contra el Narcotráfico: Cártel del Golfo y Zetas CAPITULO 1

Con información de Héctor Aguilar Camín de la Revista Nexos/Publicado por Narcoviolencia Agencia en Temas de Seguridad Nacional
Es una exageración decir que México ha vivido los primeros años del siglo XXI una guerra civil. Quizá sea también una exageración sostener lo contrario. La llamada guerra mexicana contra las drogas ha sido a su manera una guerra civil: de las bandas del crimen organizado entre sí, y de éstas con las fuerzas de seguridad del Estado.

La ausencia de bandos discernibles, batallas formales y causas invocadas públicamente por los combatientes, desmienten el cuadro clásico de lo que llamamos guerra civil, pero la intensidad de la violencia, la regularidad de los enfrentamientos y, sobre todo, la cantidad de las bajas impiden mirar la violencia mexicana sólo como una epidemia criminal.

Las 80 mil muertes y los 22 mil desaparecidos atribuibles a la guerra contra el narco entre los años de 2008 y 2013 entran en el rango numérico de conflictos bélicos recientes. Son una cifra muy superior a las 23 mil bajas en combate de la primera Guerra del Golfo de 1990-91, y a las 50 mil de la guerra entre Etiopía y Eritrea de 1998-2000. Están en la escala de los 112 mil civiles muertos en Irak, durante la segunda Guerra del Golfo de 2002. Son cifras de violencia sin precedente en el México moderno. Creo que la guerra de los años recientes entre las bandas criminales ha sido una forma de guerra civil, y la guerra entre estas bandas y las fuerzas de seguridad del Estado ha tenido por momentos la forma de una rebelión o al menos de una resistencia armada. En todo caso, se trata de una alteración radical de la paz en un país que había registrado en las últimas décadas una disminución sostenida de la violencia. Otro rasgo que acerca el fenómeno a la experiencia de la guerra: su aparición relativamente inesperada.
En 1990 México tenía una tasa de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para 2007 la había reducido casi a la mitad: ocho por cada 100 mil. En los siguientes cinco años los homicidios dolosos se triplicaron. Fueron ocho mil 867 en 2007 y 27 mil 199 en 2011. La tasa pasó de un moderado ocho por cada 100 mil habitantes, cercano a las tasas de Estados Unidos y Canadá (cuatro y cinco por cada 100 mil, respectivamente), a un escandaloso 24 por cada 100 mil.

La pregunta no contestada sigue ahí: por qué esta espiral de muerte en un cielo razonablemente despejado. El hecho central es, desde luego, la declaración de la guerra al narcotráfico y al crimen organizado hecha precisamente en 2007 por el gobierno de México y el despliegue correspondiente de la fuerza pública.

Fernando Escalante Gonzalbo ha ofrecido la explicación más compleja de las consecuencias de esta decisión y, por ello mismo, la más difìcil de historiar. Según Escalante, la guerra del Estado contra el crimen, iniciado con el operativo militar del Ejército en Michoacán al empezar el año 2007, fracturó un territorio regido por previos acuerdos de tolerancia y contención de la violencia, rompió códigos funcionales no sólo de la violencia de los narcotraficantes y sus bandas, sino de muchos otros grupos, vecinos e inquilinos del submundo de la violencia legal. Aquella decisión echó al espacio público la propia máquina violenta del Estado, que se desplegó sobre estados y municipios en innumerables operativos de ocupación territorial: retenes, batidas, redadas, enfrentamientos y persecuciones. El choque de la máquina de la violencia legal del Estado con las redes ilegales, no sólo del narco sino también del crimen organizado y el desorganizado del país, abrió un espacio de choques y secuelas de violencia en lugares no buscados. La intervención del Estado multiplicó la violencia y la contraviolencia de muchos actores, invisibles o latentes hasta entonces, pero de pronto amenazados e inducidos a una mayor violencia por el mismo aumento geométrico de ésta.

Complementaria de esta explicación es la de Eduardo Guerrero sobre la estrategia misma de la guerra, que consistió en fragmentar a las grandes bandas del narcotráfico para volverlas pandillas más manejables, aunque acaso más violentas, que pudieran ser neutralizadas en el ámbito local. La política de descabezamiento de las organizaciones criminales fue un surtidor de violencia debido a la lucha interna por el poder que seguía al descabezamiento y por la agresión de las bandas rivales suponiendo débil a la descabezada. Algo semejante, aunque de menor intensidad, producía cada gran decomiso de cargamentos de drogas prohibidas. Era atribuido por los afectados a complicidades de las bandas rivales con la autoridad o a delaciones internas. En ambos casos había que extender castigos ejemplares, que no eran otra cosa que ejecuciones.

Todo empieza en el narcotráfico pero no todo regresa a él. Al principio, hasta los años cuarenta del siglo pasado, el narcotráfico tiene en México la forma de redes familiares toleradas, cuando no organizadas, por políticos y autoridades locales. Para los años ochenta del siglo pasado, cuando se cierra la ruta del Caribe y México se vuelve un lugar de paso alternativo a la cocaína colombiana, el negocio crece. Adquiere la forma de una primera red monopólica, análoga a la del poder hegemónico del Estado, en cuyo seno el narcotráfico tiene cómplices del tamaño de la policía política del régimen, la Dirección Federal de Seguridad, radicada en la Secretaría de Gobernación, cuyos comandantes muestran a los jefes del narco sinaloense el camino de la ciudad de Guadalajara y apadrinan su traslado en los años ochenta. La hegemonía sinaloense es desmontada por el propio Estado, en los mismos años ochenta, a raíz del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985, precisamente en Guadalajara. El asesinato crea un problema diplomático y convierte en persecución la antigua tolerancia y la antigua complicidad con los narcos. La destrucción del incipiente monopolio, cuyo líder es un antiguo policía, Miguel Ángel Félix Gallardo, deja en el negocio un escenario de bandas rivales, hijas de la misma mata.

Desde la prisión Félix Gallardo convoca a un encuentro en Acapulco para que sus bandas herederas se repartan pacíficamente el negocio. El reparto encumbra a personajes menores que con el tiempo serán legendarios del narcotráfico mexicano. Los hermanos Arellano Félix reciben Tijuana; Sinaloa es para Ismael El Mayo Zambada, Héctor El Güero Palma y Joaquín El Chapo Guzmán; Ciudad Juárez para Amado Carrillo, el futuro Señor de los Cielos, y Tamaulipas para la banda del Golfo, un gang de viejos contrabandistas que incursiona tarde en el narcotráfico, a final de los ochenta, aprovechando justamente el vacío sinaloense.

El reparto se acuerda pero no se cumple. Pronto las bandas herederas luchan entre sí. La pequeña historia de sus rupturas formaría un libro de intensidades shakesperianas. La destrucción del monopolio rompe la posibilidad de un manejo centralizado del negocio, mejor opción para la paz pública que la guerra intestina que siguió. Digamos para economistas ortodoxos que en el caso de los mercados ilegales lo que conviene a la sociedad y a los consumidores no es la competencia sino el monopolio. La presencia y la permanencia en esos mercados se consigue a tiros. Lo que puede esperarse de una mayor competencia en ellos no son mejores precios sino mayor violencia.

La guerra de las bandas domina los años noventa, pero da un salto cuántico al empezar el nuevo siglo cuando la presión de la guerra intestina lleva al Cártel del Golfo a hacerse de un brazo armado sin precedentes, formado por militares venidos de cuerpos especiales del Ejército. Este hecho singular da carta de ciudadanía al grupo de sicarios que cambia para siempre la lógica y la intensidad de la violencia del narcotráfico en México. Ese grupo de sicarios son Los Zetas.

Volveré con detalle al momento de la creación de Los Zetas, pero la explicación de su impacto requiere un contexto.

Al empezar el siglo XXI diversos hechos convergen para debilitar al Estado y potenciar la guerra de las bandas.

El año 2000 es el de la primera alternancia pacífica en el poder que registra la historia de México. Termina ahí la hegemonía del PRI y aparece la realidad institucional que esa hegemonía encubre, a saber: la de un gobierno débil si no cuenta con las facultades extralegales que lo hacían fuerte en los hechos. Buena parte de su eficacia era su arbitrariedad. La pluralidad del Congreso, donde el nuevo gobierno federal es minoría desde 1997, y la permanencia en la mayor parte de los gobiernos locales con gobernadores de origen priista, agudiza la debilidad federal y da lugar a formas extrañas de autonomía política en los estados. La naciente democracia mexicana ve propagarse una forma de federalismo en la que los estados son menores de edad en dos cuestiones centrales del gobierno: cobrar impuestos y aplicar la ley. Cuando se trata de contener a las bandas del narcotráfico en su expansión territorial, los gobiernos locales —sus policías, sus aparatos de seguridad y de procuración de justicia— son fáciles presas del terror y del dinero.

Sobre esta debilidad institucional crece la tormenta perfecta de la guerra contra el crimen, alimentada por los siguientes hechos:

1. 1995. Estados Unidos adopta una política de sellamiento de su frontera sur. Se propone cerrar el paso de dos de las cosas que más compra de México: droga y mano de obra, ambas prohibidas. Entre 2001 y 2008 Estados Unidos duplica el número de agentes de la Patrulla Fronteriza. El cruce de la frontera se vuelve más duro y más caro. Se duplica también el número de migrantes que mueren queriendo cruzar por lugares cada vez más peligrosos: 263 en 1998, 463 en 2012. La política de sellamiento incluye la deportación. Durante el último gobierno de George Bush el número de mexicanos deportados crece hasta los 400 mil por año. Como parte de esa ola, entre 2002 y 2008 aumentan 35% las deportaciones de presos mexicanos que purgan condenas en cárceles estadunidenses. Un número creciente de ex convictos sin oficio ni beneficio es soltado en las ciudades fronterizas mexicanas, bullentes de ofertas criminales. 100 ex convictos son soltados cada año en las calles de Ciudad Juárez.

2. 2004. Estados Unidos levanta el embargo de armas de asalto que pende sobre su industria riflera. A partir de ese año pueden comprarse rifles de alto poder muy baratos en las ocho mil armerías de la frontera. El poder de fuego de las bandas del narcotráfico crece exponencialmente con esta medida. Miembros de la Patrulla Fronteriza y del Ejército mexicano son sorprendidos en más de una ocasión por la inesperada superioridad del armamento de las bandas criminales.

3. 2006. El gobierno colombiano aumenta sus decomisos de cocaína en 65%. Como consecuencia de la escasez, durante los siguientes dos años se duplica el precio de esta droga, la más rentable del mercado, que se vuelve a la vez más atractivo, más complicado y más violento que nunca para los competidores.

4. 2008. México establece que los vuelos privados que entran a su territorio desde el sur deben tener un primer punto de contacto fronterizo en Cozumel o Tapachula. La medida interrumpe el canal de transporte que hizo la grandeza del Cártel de Juárez, cuyo jefe, Amado Carrillo Fuentes, era llamado El Señor de los Cielos porque en su flotilla de aviones con cocaína proveniente de Sudamérica no se ponía el sol. Bajo las nuevas restricciones del flujo aéreo el paso de la droga por tierra se vuelve asunto de vida o muerte para las bandas mexicanas. Se crea una nueva realidad territorial: para tener control del tráfico hay que controlar las rutas y las ciudades por donde cruza la droga. Las bandas son obligadas a desplegarse físicamente por toda la República. Empieza la gran batalla no por los cargamentos sino por los territorios. El narcotráfico mexicano sigue siendo un negocio de venta de estupefacientes, pero se vuelve también un negocio de dominio territorial. La lucha por el dominio territorial reproduce las rivalidades de las bandas, a las que además persigue el Estado, con Ejército, Marina y Policía Federal. El narcotráfico se vuelve en estos años una guerra de múltiples frentes. En prácticamente todo el territorio nacional hay disputas armadas de las bandas entre sí y de ellas contra los cuerpos del Estado por el control del territorio.6

Se consolida así una lógica de guerra universal entre bandas bien armadas, que luchan a muerte por el dominio territorial de plazas y rutas hacia los pasos fronterizos de mayor rendimiento: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa. El Cártel del Golfo y Los Zetas luchan por el control de Tamaulipas contra el Cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. El Cártel de Sinaloa pelea por Ciudad Juárez contra el Cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, y mantiene su guerra contra el Cártel de Tijuana de los Arellano Félix. Ambiciones y traiciones rompen el Cártel de Sinaloa y desatan otra guerra intestina, ésta contra sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leyva. Para el año 2010 el Cártel de Sinaloa mantiene cuatro guerras simultáneas: contra Los Zetas y el Cártel del Golfo, contra el Cártel de Juárez, contra el Cártel de Tijuana y contra su propia escisión.

Las guerras del Cártel de Sinaloa son las más mortíferas, explican 67% de las ejecuciones de aquellos años: más de 40 mil muertes.Pero el grupo criminal que cambia el eje de las cosas y hace la diferencia para la sociedad mexicana es el de Los Zetas.

Conviene detenerse en la gestación de Los Zetas porque introducen en las guerras del narco una forma de control territorial inexistente hasta entonces. De su modus operandi derivará un método de captura criminal de los gobiernos locales y, como consecuencia de ésta, una captura de la sociedad local, mediante diversas formas de amedrentamiento, control social, despojo, secuestro y un sistema de pago de cuotas y derechos que envidiaría el sistema impositivo de cualquier Estado. Éste es el eslabón último del crimen, el lugar donde habría que dejar de llamarlo crimen pues empieza a ser otra cosa: no el Estado paralelo de que nos hablan las historias de la mafia siciliana, sino una especie de propietario sustituto del Estado, en particular de sus formas municipales. Los Zetas son la organización criminal que inicia este camino de captura de los gobiernos locales ya no por la complicidad interesada, aquiescente o temerosa de éstos, sino por su poder de coacción directa sobre el espacio público y sus instituciones. El lugar de la República donde llegó a sus últimas consecuencias este proceso fue Michoacán y, según muestran los acontecimientos recientes, su vecino estado de Guerrero.

Los Zetas nacen como una guardia personal del jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, un pequeño contrabandista de cocaína, dueño de un taller mecánico, que fue escalando el mando del cártel conforme sus cabecillas eran presos o asesinados, alguno de ellos por el propio Osiel. Para no negar el dicho de que hampa y crimen son caras de la misma moneda, se dice que quien hace entrar en el negocio del narcotráfico al Cártel del Golfo, hasta entonces sólo una máquina de contrabando tradicional, es el comandante José González Calderoni, personaje inverosímil de las guerras mexicanas del narco. Entre los hechos de su leyenda se cuenta el haber detenido al capo Miguel Ángel Félix Gallardo, hasta ese momento, 1989, su cómplice y amigo. Se dice que González Calderoni mantenía con su dinero una nómina paralela de policías en la Procuraduría General de la República, donde fungía como un comandante más. Se dice que estuvo presente en la reunión convocada en Acapulco por el propio Félix Gallardo, ya preso, para definir los territorios que heredarían sus bandas filiales. En esa reunión González Calderoni habría reservado para sí, y para otro comandante, Carlos Aguilar Zárate, veterano de la Operación Cóndor de los años setenta, el territorio tamaulipeco, con su generosa red de pequeñas y grandes ciudades fronterizas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Alemán.

Las bandas filiales de Félix Gallardo saldrían de aquella reunión a no respetar lo acordado y a pelear entre sí con celo fratricida. González Calderoni habría seguido con su proyecto de Tamaulipas para lo cual habría detenido el mismo año de 1989 al viejo capo del Cártel del Golfo, Juan Nepomuceno Guerra, y apadrinado el ascenso de un sobrino de éste, Juan García Ábrego, hermano de Mario, amigo de la infancia de González Calderoni en Reynosa. Juan García es detenido el 14 de enero de 1996 y deportado a Estados Unidos, en lo que muchos señalan como el fin de la protección política que el Cártel del Golfo recibió del gobierno federal durante el gobierno de Salinas de Gortari, el mismo de la preponderancia de González Calderoni.El hermano del preso Juan García Ábrego, Humberto, es el único de la familia que puede heredar el mando pero Humberto cae preso, acusado de lavado de dinero, y cuando sale libre en 1997 decide retirarse con sus ganancias. No vuelve a saberse de él. No hay más familia disponible para tomar el mando en el Cártel del Golfo. Será desde entonces el único cártel que no es un negocio fundado en redes familiares

Desde la prisión García Abrego entrega el mando a su lugarteniente Oscar Malherbe, pero Malherbe es arrestado en la ciudad de México en febrero de 1997. Su detención deja tres aspirantes menores a la jefatura criminal: Baldomero Medina, que lleva y trae droga en tractocamiones de su propiedad y le llaman por eso El rey de los tráileres; Salvador Gómez, El Chava, un temido y temible pistolero que se dedica al robo de autos en gran escala, y Osiel Cárdenas Guillén, un pequeño contrabandista de cocaína, crecido a la sombra de los comandantes de la policía que comparten el negocio del tráfico en la ciudad fronteriza de Miguel Alemán, del brazo de un capo local, Gilberto García Mena, El June. Nadie sabe cómo se conocen El Chava y Osiel, pero sí que se caen bien y se unen, bajo el mando tácito de El Chava, para hacerse de la jefatura del cártel. El Chava ordena el asesinato de El rey de los tráileres, quien no muere en el ataque pero queda paralítico y se retira de la competencia a un tranquilo segundo plano de negocios en Tampico. Chava dispone también la ejecución de un policía de la judicial federal, Antonio Dávila, El Comandante Toño, que pretende quedarse con el negocio. Chava y Osiel matan al Comandante Toño en un enfrentamiento donde muere uno de los sicarios de Chava. La investigación del asesinato es suspendida mediante un soborno de 40 mil dólares pagados al procurador de Tamaulipas, Guadalupe Herrera, nada menos que por su hermano Ariel Herrera, apodado El Tigre, sicario de El Chava.

Chava y Osiel se quedan con el campo en pie de igualdad, aunque Chava procede como pareja dominante. Somete a sangre y fuego a los grupos criminales sueltos del estado, controla la prensa, intimida y compra. Osiel establece el canal de paso de la cocaína que viene de Colombia, cruza Centroamérica, entra por Chiapas, sube por Veracruz, llega a la frontera y pasa al otro lado. En el año 2009 un kilo de coca pura vale dos mil 147 dólares al salir de Colombia. Al llegar a una ciudad fronteriza estadunidense vale 34 mil 700 y 120 mil en las calles de Nueva York.

Osiel y Chava son buena mancuerna. “Medio Tamaulipas es de Osiel y la otra parte del Chava Gómez”, dice Ricardo Ravelo, autor de un muy legible retrato de Osiel Cárdenas. Juntos, Chava y Osiel dominan Tamaulipas por dos años, 1996-97, sin que nadie lo sepa. Juntos caen presos por azar en 1998 sin que nadie comprenda lo que ya son. Juntos se escapan de una casa de arraigo de la SIEDO en la ciudad de México y regresan al dominio invisible de su feudo. Pero el celo ha tomado ya su lugar entre ellos. Chava actúa como jefe y pide constantes sumas de dinero a Osiel, como a un subordinado. “Oye compadre, necesito que me mandes 50 mil dólares por favor”, dice Chava por el teléfono. “Está bien, compadre. Te los mando este mismo día”, responde Osiel. Pero al colgar dice a su séquito. “Mi compadre ya me tiene hasta la madre. Me exige como si él no pudiera generar ingresos”. Chava pide a Osiel que le entregue el control de Reynosa. Osiel se resiste, no está dispuesto a trabajar como empleado de Chava. Empieza a creer que su resistencia hará que Chava lo traicione. Pensar que lo traicionan es una especialidad de la cabeza de Osiel. Confiesa su temor a un agente federal, ex soldado, a quien tiene en su nómina en la ciudad fronteriza de Miguel Alemán. El agente federal se llama Arturo Guzmán Decena, un teniente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), cuerpo de elite del Ejército destacado con funciones policiales en la frontera de Tamaulipas. Guzmán Decena propone a Osiel crearle una guardia pretoriana formada por militares que lo protejan de Chava y de todos. Osiel acepta y da el siguiente paso en su cabeza: debe matar a Chava Gómez....
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