jueves, 16 de abril de 2015

La guerra contra el narco de los últimos años ha sido una guerra fallida o sólo una guerra sangrienta?

  • jueves, 16 de abril de 2015
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    ....Uno de los interrogadores, citado por Grillo, añade un detalle de cotidianidad siniestra. Los nuevos reclutas se mostraban “particularmente aptos para despedazar cadáveres porque muchos miembros de la primera etapa eran carniceros. Los reclutas posteriores trabajaban por lo general en taquerías”.

    La Familia Michoacana da el salto cualitativo que sigue al de Los Zetas en la historia reciente del crimen organizado de México. Como Los Zetas, los miembros de La Familia Michoacana son sicarios profesionales, disciplinados, con una estructura paramilitar, y ejercen una captura territorial y expoliadora de su entorno. Pero su captura va más allá de la extracción de rentas. Llega al control político y social. Es la captura no sólo de las rentas, sino de la autoridad, de los gobiernos locales y de la sociedad: la forma más penetrante y compleja que haya alcanzado nunca el crimen organizado en el país. Este salto cualitativo del dominio criminal se da en otros sitios de la República, es parte de la lógica de la guerra contra las drogas. Pero en ningún trayecto es más nítido como en el que va del Cártel del Golfo a Los Zetas a la Familia Michoacana y a la sucesión de ésta, Los Caballeros Templarios.

    El dominio de La Familia sobre Michoacán, siempre desafiado por Los Zetas, no deja de producir episodios de violencia sorprendentes. El 15 de septiembre de 2008 alguien hace explotar unas granadas entre la multitud que acude en Morelia a la ceremonia popular del Grito de la Independencia. El hecho es calificado como el primer “acto de narcoterrorismo” de la guerra mexicana contra las drogas. Los Zetas y la Familia se culpan mutuamente del atentado. Cualquiera de los dos pudo haberlo hecho siguiendo el mandato de la costumbre, común a las bandas criminales, de “calentar” las plazas controladas por los adversarios para echar sobre ellos el escándalo, y a continuación la intervención urgida y redoblada del Estado.

    Los saltos de violencia de Michoacán bajo el dominio de La Familia Michoacana, y luego de Los Caballeros Templarios, siguen los patrones comunes también a las epidemias de violencia de la guerra contra las drogas. Se producen por captura o muerte de jefes de las bandas o por decomisos de grandes cargamentos que las bandas atribuyen a golpes de sus rivales o a delaciones internas, con la consecuente imposición de escarmientos ejemplares: ejecuciones visibles con cuotas ascendentes de brutalidad y sevicia. Los escarmientos incluyen con frecuencia a policías y soldados que las bandas juzgan cómplices de sus rivales.

    La captura del hijo de La Tuta, Luis Servando Gómez, El Pelón, el 28 de enero de 2009, deja tras de sí una ristra de cadáveres que aparecen acompañados de mensajes contra Los Zetas, sugiriendo que éstos han vuelto a Michoacán.El 23 de marzo de ese mismo año el Ejército decomisa 8.5 toneladas de anfetaminas en Apatzingán, con valor de 187 millones de dólares. El 19 de abril siguiente la Policía Federal detiene a 44 miembros de La Familia Michoacana. En mayo y junio siguientes son detenidos 38 funcionarios públicos, entre ellos 12 alcaldes de la Tierra Caliente, como sospechosos de complicidad con la Familia. Finalmente, el 13 de julio es detenido un lugarteniente veterano, Arnoldo Medina Rueda, El Minsa, quien trabajaba con La Familia desde que se llamaba La Empresa. Como represalia a todos estos golpes, Nazario Moreno, El Chayo, ordena la ejecución de 12 policías federales el 13 de julio de 2009. El ejecutor de la emboscada es El Tyson, que gana con eso su promoción a jefe de La Familia Michoacana en Morelia, la capital del estado.

    El 10 de diciembre de 2010 la Policía Federal cerca a Nazario Moreno en Apatzingán. Sigue un largo tiroteo después del cual Nazario Moreno, “consciente de que las comunicaciones del cártel están intervenidas, ordena que se difunda la noticia de que ha muerto”. El gobierno da por buena la noticia, que parece tener consecuencias cuando el 24 de enero de 2011, mediante desplegados, mantas y volantes, La Familia Michoacana anuncia su disolución. Se disgrega, dice, “en respuesta a todas las atrocidades, abusos y violaciones que ha venido haciendo la PF contra la sociedad civil de Michoacán”. La disolución no es sino una estrategia para trasvasar las redes de La Familia Michoacana a una nueva organización, Los Caballeros Templarios, que se presenta en sociedad en marzo de 2011 declarando que continuará con “las actividades altruistas que antes realizaba La Familia Michoacana”.

    Los Caballeros Templarios conservan y amplían el dominio sobre Michoacán que tuvo La Familia. Lo hacen visible en las elecciones estatales de 2011 con intimidación a actividades proselitistas, bloqueos carreteros para evitar acceso a casillas y un caudal extra de 26 mil votos, totalmente fuera del patrón de votación de la Tierra Caliente, que da el triunfo al candidato del PRI.

    Epidemias de violencia en el norte del país, particularmente en Nuevo León, por una nueva etapa de la guerra intestina de las bandas, ahora de Los Zetas contra su organización madre, el Cártel del Golfo, distrae la atención federal de Michoacán y permite la consolidación del dominio de Los Caballeros Templarios en ese extraño clima de estabilización e incluso baja de la violencia que suele darse cuando un grupo criminal tiene dominio cabal sobre un territorio: la pax narca. La guerra contra el narco nos ha enseñado que falta de violencia no quiere decir ausencia de dominio criminal. A veces quiere decir lo contrario: dominio pleno.

    La crisis que hace evidente la persistencia de ese dominio aparece en la Tierra Caliente michoacana en 2013. Es lo que propiamente puede describirse como un “levantamiento”, el de los llamados grupos de autodefensa.

    Dos líderes del levantamiento, Hipólito Mora de La Ruana y José Mireles de Tepalcatepec, emblematizan en sus razones los polos intolerables de la opresión templaria. La gota que derrama el vaso de la paciencia de Hipólito Mora es que le impiden a su hijo cortar limones en su huerto. La que agota la paciencia de Mireles es la cadena de raptos, violaciones y embarazos de las muchachitas de la secundaria de Tepalcatepec que él atestigua como médico.

    Ambas experiencias se dan en el contexto de un aumento de las cuotas y las conductas predatorias de Los Templarios al parecer por un descenso de las rentas venidas del narcotráfico. Escribe Denise Maerker:

    En un dato coinciden todos los testimonios. A partir de 2010 se empieza a incrementar la actividad de extorsión de los grupos criminales en la zona. El relato del doctor Mireles refiere que el negocio del tráfico de drogas se les empezó a dificultar y los criminales se volcaron sobre una población indefensa y relativamente rica para extraer recursos y compensar sus pérdidas. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Es difícil decirlo y no tenemos aún información suficiente para concluir en una causa determinada. Surge naturalmente como hipótesis la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón contra el tráfico de drogas. Ya sea porque cortó los contactos entre diferentes grupos o porque volvió complicado o imposible el trasiego en un corredor determinado hacia el norte y Estados Unidos. En enero de este año, dentro de los aparatos de seguridad del gobierno, se consideraba que Los Caballeros Templarios acabaron obteniendo sólo el 30% de sus ingresos del tráfico de drogas, lo demás era producto de los secuestros, de la extorsión, de la producción agropecuaria y de la actividad minera.

    El levantamiento de los autodefensas de la Tierra Caliente, en buena medida bajo la protección o la tolerancia del Ejército y la Policía Federal, desembocó en una nueva intervención federal en toda forma en Michoacán, a principios de 2014, mediante el nombramiento de un comisionado con amplios poderes que desplazó al gobierno local y arbitró lo que parecia una inminente guerra entre Los Caballeros Templarios y las autodefensas. La intervención, con un un acento menos militar y más político que las anteriores, pareció devolver al estado un horizonte de tranquilidad pública ajena a la lógica de la pax narca.

    ¿La guerra contra el narco de los últimos años ha sido una guerra fallida o sólo una guerra sangrienta?

    Eduardo Guerrero fue el primero en fijar analíticamente, con rigor estadístico, la estrategia de la guerra contra las drogas emprendida en el año 2007 por el gobierno mexicano.

    Las líneas de esa estrategia eran que había que golpear a los grandes cárteles, descabezarlos, fragmentarlos en bandas de menor tamaño que dejaran de ser una amenaza para la seguridad nacional y se convirtieran, con el tiempo, sólo en un problema de seguridad pública: bandas quizá más violentas pero de menor capacidad logística y financiera, cuyos crímenes pudieran atenderse en escenarios locales.

    Guerrero mostró con rigurosas mediciones que los costos de la estrategia eran particularmente sangrientos, no tanto por el daño directo que la fuerza pública causaba sobre la organizaciones, sino por la dinámica de destrucciòn y autodestrucción que se generaba entre ellas. La captura o la muerte de cada jefe producía un doble efecto violento: el de la lucha interna para suplir al capo caído y el de la ofensiva de las bandas rivales para aprovechar la debilidad de la banda descabezada. Nadie pensó que la sangría fuese tan larga y que pudiera prolongarse en el tiempo tanto como se ha prolongado.

    No obstante, con un ajuste de prioridades hecha a partir de 2011, en el sentido de concentrar los esfuerzos de persecución sobre las bandas más violentas, ésta fue la estrategia sostenida. Puede decirse de dicha estrategia que ha costado más sangre de la que nadie previó. Pero quizá no puede decirse que no ha funcionado porque lo previsto por ella es exactamente lo que ha sucedido en estos años. Los grandes cárteles se han visto debilitados por la captura y la eliminación de sus jefes y sicarios mayores y lo que queda de ellos son bandas menores, desplazadas de las grandes ciudades y refugiadas por su mayor parte en ciudades pequeñas y municipios aislados sobre cuya población y territorio ejercen un dominio criminal de delitos cada vez menos vinculados con las rentas del tráfico de drogas y cada vez más con la extorsión, el derecho de piso, el secuestro, el robo y el terror criminal.

    A partir del cambio de gobierno federal, en el año 2012, la estrategia de combate al crimen organizado se vio reforzada en la idea de perseguir prioritariamente a los grupos más violentos y completada con una discreta pero efectiva decisión de no perseguir el narcotráfico si éste no altera con sus luchas intestinas la paz pública.

    Quizás sea cierto que la estrategia funcionó y que asistimos a las convulsiones finales de la violencia prevista: bandas que pueden ser más peligrosas pero no son más poderosas. Es posible que lo que hemos visto en Michoacán y en Guerrero, en materia de dominio y salvajismo criminal, sean los últimos estertores de una guerra y no el principio revitalizado de otra. El paisaje después de la batalla parece ser un periodo todavía largo de captura criminal en zonas débiles, municipios aislados, ciudades menores y espacios urbanos marginales.

    A estas alturas del desarrollo de aquella estrategia es difícil sostener que no se ha librado en México una guerra civil. La pregunta es si esa guerra ha valido la pena y si ha conseguido algo de valor equivalente a la destrucción de vidas y a la expansión criminal que produjo.

    La respuesta es, desde luego, negativa. Ha sido una guerra cuyos daños son evidentes y cuyos beneficios es imposible describir.
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