martes, 25 de agosto de 2015

Omar Treviño "El Z-42", “La Tuta” y “El Teo” se quejan de represalias por dar información sobre fuga del Chapo

  • martes, 25 de agosto de 2015
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    Ciudad de México,-NARCOVIOLENCIA.- Los narcotraficantes Óscar Omar Treviño Morales, “El Z-42”, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, así como los hermanos García Simental, Teodoro, “El Teo” y Marco Antonio, “El Cris”, entre otros, presos en el penal de El Altiplano, y que se encontraban en el pasillo de tratamientos especiales y eran vecinos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera el día de su fuga, denunciaron diversas violaciones a sus derechos humanos luego de sus declaraciones en contra de funcionarios de alto nivel.
    A través de un desplegado difundido hoy en el periódico Reforma, los presos sostuvieron que horas después de la fuga de “El Chapo” se presentó en dicho centro el Director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucío, “para que cooperaran y declararan los internos del área de tratamientos especiales, en relación a la fuga ocurrida horas antes comprometiéndose a que no iba a haber represalias en contra de nadie. Su declaración se les dijo, se guardaría bajo el secreto con que debe guardarse la averiguación previa”.

    “Declararon todo lo que sabían y de lo que se dieron cuenta días previos a la fuga, así como lo que sabían de los funcionarios que ayudaron a que aconteciera la evasión del reo; funcionarios de alto nivel que sus nombres constan en la referida averiguación, y sólo dieron a conocer lo que manipularon, cuestión que no fue así, toda vez que en diversos medios se publicaron las declaraciones de los internos hechas ante la PGR de los internos, incumpliendo con su palabra el funcionario y no guardando el secreto que necesita la indagatoria”, detalla el documento.

    Aseguraron que luego de su declaración, los trece reos comenzaron a ser hostigados por elementos de la Policía Federal, además de que son obligados a desnudarse cuando van a los juzgados, incluso, dicen, a sus visitas, sean mujeres o niños, también los obligan a desvestirse.

    Por estas y otras violaciones a sus derechos, en el documento solicitan la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

    A continuación el desplegado íntegro:

    "Horas después de la fuga del señor Joaquín Guzmán Loera, se presentó en dicho centro, para ser exacto, el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, para que cooperaran y declaran los internos de área de tratamientos especiales, en relación a la fuga ocurrida horas antes comprometiéndose a que no iba haber represalias en contra de nadie. Su declaración, se les dijo, se guardaría bajo el secreto con que debe guardarse la averiguación previa.

    Esto fue creido por los internos de nombre OSCAR OMAR TREVIÑO MORALES, TEODORO GARCÍA SIMENTAL, MARCO ANTONIO GARCÍA SIMENTAL, SERVANDO GÓMEZ MARTÍNEZ, SIGIFREDO NÁJERA TALAMANTES, ERICK OMAR OCHOA FLORES, SALVADOR ALFONSO MARTÍNEZ ESCOBEDO, FERNANDO SÁNCHEZ ARRELLANO, GEORGE KHORY LAYON, MARIO CÁRDENAS GUILLEN, MARIO CASARUBIAS SALGADO, MARIO ARMANDO RAMÍREZ TREVIÑO, LUCIO HERNÁNDEZ LECHUGA, que se encentraban en los pasillos de tratamiento especiales siendo vecinos de JOAQUÍN GUZMÁN LOERA.

    Declararon todo lo que sabían y de lo que se dieron cuenta días previos a la fuga, así como lo que sabían de los funcionarios que ayudaron a que aconteciera la evasión del reo; funcionarios de alto nivel que sus nombres constan en la referida averiguación, y solo dieron a conocer lo que manipularon, cuestión que no fue así, toda vez que en diversos medios se publicaron las declaraciones de los internos hechas ante la PGR de los internos, incumpliendo con su palabra el funcionario y no guardando el secreto que necesita la indagatoria.

    Por otra parte la Lic. Leonor García García, quien tiene el cargo de Directora Jurídica, Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo, así como la Directora Técnica, dieron la orden a los custodios así como al personal que tiene contacto con ellos (enfermeras, cocineros, jurídico) de cambiarlos a estancias insalubres que carecen de los lineamientos esenciales de una celda, ya que comen junto al baño, no tienen una área de comedor. Esto, con el fin de hostigarlos, por medio de elementos de la Policía Federal, que al no estar en estado de emergencia no tendrían que estar dentro del referido penal.

    Lo más denigrante es que los desvisten cuando van a juzgados, locutorios, patio, o servicio médico, dándoles la orden que una vez que se hayan quitado la ropa, hagan sentadillas mirándoles la parte posterior y no conforme con eso cuando les toca su visita familiar e íntima a sus familiares los desvisten ya sean mujeres niños, obligándo a las mujeres a quitarse la toalla femenina y a los bebes el pañal enfrente de los custodios.

    Lo más grave de todo es que a las esposas las desvisten en la habitación donde tienen su visita intima, dejándolas sin nada, aduciendo cuestiones de seguridad. Dados estos abusos pretenden ponerlos al límite, para que caigan en falta al Reglamento de Centro Federal.

    También les racionan la comida y les sirven alimentos en descomposición, cuestión que a los internos les ha causado malestar por estar en mal estado, al igual que el manejo insalubre de los mismos. Esto les ha provocado vómito, malestar estomacal, diarrea y todas las consecuencias de no comer los alimentos por el detrimento que traería consigo ingerirlos.

    Igual, les han brindado un pésimo servicio médico que no va de acuerdo a la urgencia de su estado de salud. Les han dado medicamentos caducos, además de que nunca saben cuándo deben tomar uno u otro. Y al negarse los internos de referencia, se dedican a hacerles reportes y sancionarlos, quitándoles artículos de uso personal, jabón, rastrillos, pasta de dientes, encierro por más de 36 horas, obligándolos a solo deambular en su celda.

    Los han privado de las televisión, que está permitida en el reglamento en cuestión, toda vez que es un derecho a la información y no un estímulo.

    Lo más grave es no dejar entrar a su visita, tanto como familiar e íntima, como consecuencias los correctivos disciplinario transgreden los lineamientos otorgados por los derechos humanos, así como nuestra carta magna y los tratados internacionales. Además de ser excesivos los días impuestos éstos causan agravios de difícil reparación, con daños y perjuicios, pues con ello interrumpen el tratamiento individualizado para la reinserción de los internos, lo que sí afectaría al interés social y orden público, inculcando además una desintegración familiar toda vez -y como lo establece el numeral 18 de nuestra carta magna- que la finalidad de las penas privativas de libertad es la readaptación social del interno sobre la base del trabajo, la educación y la capacitación para el mismo. De igual forma la ley reglamentaria de dicho precepto fija las bases para el tratamiento individualizado del reo, atendiendo a los principios contemplados por las diversas creencias y disciplinas aplicables en la materia.

    Dentro de este principio o fundamento se establece como principio general la posibilidad ser tratados como seres humanos y de permitirles tener cosas de primera necesidad.

    Todo lo anterior pone en entredicho si es primero la supuesta seguridad o los derechos humanos de las personas que aun tengan carácter de reos.

    Aquí debe imperar el derecho universal y el respeto a los derechos humanos, por lo que los reos deben poder comunicarse periódicamente con sus familiares, amigos y compañeros de la forma que se respete en lo posible la intimidad de las personas, no teniendo más restricciones que las impuestas por razones de seguridad del mismo centro.

    Asímismo, al estar incomunicado se vulnera la garantía constitucional en su artículo 22 como lo pretenden aplicar las directoras de Referencia, ya que con lo que se demuestra, las represalias y el interés que tienen en el asunto ya emitieron sus declaraciones en contra de la Lic. Leonor García García, que es la única que sigue laborando en el Centro Federal, además de que el día de la fuga era la persona de más jerarquía en el Centro Federal. Esto denota su incapacidad.

    Ella, de forma visceral ha hecho este abuso de autoridad y ha tomado partido, hostigando a los internos, con el fin de que si la Procuraduría General de la Republica pretendiera ampliar las declaraciones de los internos los tenga controlados. Con ello se demuestra un total y amplio abuso de autoridad, cuestiones que los internos han promovido diversos amparos, 1067/2015-VI, 1250/2015-VIII, 1255/2015-VI, 1256/2015-VII, 1257/2015-VIII, 1258/2015-I, 1259/2015-II esto es por el índice del Juzgado Primero, 1177/2015- VI, 1127 Juzgado Cuarto, 1071/2015-I, 1072/2015VI, juzgado Quinto todos ellos en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México y alguno de ellos se decidió Amparar y proteger a los quejosos.

    También, el ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO “ALTIPLANO” ha hecho oídos sordos y se ha encerrado en su oficina, sin querer atender ninguna de las exigencias de los internos y mucho menos de sus familiares, desconociendo por completo las necesidades del Centro de Readaptación así como los protocolos de seguridad y permitiendo que se vulneren los derechos humanos.

    Finalmente, como todos sabemos, el eslabón más delgado es el que se rompe, y por dar un ejemplo con los custodios y el personal que vigilaba las cámaras, y no se ha abierto ningún procedimiento a un funcionario del Órgano Administrativo Desconcentrado, y es importante hacer mención al comandante Juan Carlos Ortiz Caldero, funcionario que ya había sido movido, por los fuertes vínculos que tenía con el chapo, ya que fue la persona que recibió al Joaquín Guzmán y de nueva cuenta lo asigna como Director de Seguridad y Custodia, para evitar que declaren en forma libre y espontánea los reos, quienes fueron testigos presenciales de la evasión.

    Atento a lo anterior.

    Se solicita la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos."
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