martes, 20 de octubre de 2015

Militares asesinan a victima de secuestro y lo hacen pasar por sicario, la historia de Jorge Antonio

  • martes, 20 de octubre de 2015
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    El Administrador de CAPUFE en Camargo, Tamaulipas, fue secuestrado de sus oficinas y llevado a un rancho. De acuerdo con nuevos testimonios, elementos del Ejército mexicano entraron al lugar y “ejecutaron a Jorge Antonio Parral Rabadán a corta distancia”. Después, el funcionario federal fue presentado como uno entre los sicarios.

    Por Daniel Hernández/VICE
    Tamaulipas.-NARCOVIOLENCIA.-La última vez que la familia de Jorge Antonio Parral Rabadán lo vio con vida fue cuatro meses antes de su desaparición. Fueron a visitarlo a su trabajo en la administración de un puente internacional en la línea internacional con EU, en la Navidad de 2009.

    Se oyeron disparos en la noche en el pueblito fronterizo de Santa Rosalía de Camargo, Tamaulipas, a pocos kilómetros del puente internacional, donde trabajaba Parral, justo al otro lado del Río Grande City, Texas.

    La familia de Jorge estaba preocupada por el incremento en la violencia de los cárteles en el noreste de México y suplicó que renunciara a su trabajo y volviera Cuernavaca, su ciudad natal. Él les dijo que no se preocuparan.
    "Nunca voy a olvidar la expresión de su cara, era de: Sé que tienes razón. Me dijo: 'ay flaca, es que tengo que pagar mi casa...vamos a ver'", cuenta su hermana Jesica Parral Rabadán.

    El 24 de abril de 2010, alrededor de las 9:30AM, un comando armado entró a las instalaciones del puente internacional de Camargo. Era sábado y Jorge Parral estaba descansando en las habitaciones del administrador, donde dormía para poder dar servicio las 24 horas del día a aquellos que desearan cruzar.

    Los hombres armados entraron por la fuerza a su habitación, sacaron a Parral de la cama y lo secuestraron.

    Dos días después, el ejército informó que un grupo de soldados entró a un rancho en el estado de Nuevo León a investigar las denuncias de que había un grupo de crimen organizado escondido en ese lugar y para liberar "a varias personas retenidas contra su voluntad". Fue uno de los numerosos enfrentamientos que reportó el ejercito en 2010, después que fuerzas de seguridad invadieron el estado de Tamaulipas para tratar de sofocar la guerra entre los cárteles de los Zetas y del Golfo.

    Según el ejército, se produjo un tiroteo entre un grupo de hombres armados no identificados en un rancho llamado "El Puerto" en Nuevo León, cerca de la frontera de Tamaulipas, y tres "sicarios" murieron en el enfrentamiento.

    Al principio, los dos incidentes no tenían relación aparente.

    En la ola de violencia generada por el narcotráfico que sufre el país desde que el ex presidente Felipe Calderón envió a los militares a las calles en 2006, Tamaulipas —al igual que Jalisco, Guerrero y Michoacán— se convirtió en otro "punto caliente", donde los tiroteos, los secuestros, y las ejecuciones se volvieron cotidianos.

    Sin embargo, después de mucha insistencia, la familia descubrió que los soldados mataron a Jorge Parral en el tiroteo del rancho y lo enterraron como un sicario sin nombre para encubrir el asesinato. Desde entonces, la familia ha estado exigiendo justicia. Este caso poco conocido refleja lo mucho que ha sufrido la sociedad mexicana desde que el gobierno comenzó a emplear las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado.
    Jorge Antonio Parral Rabadán en un puente internacional de CAPUFE, en una foto restaurada. (Foto cortesía de Jesica Parral).

    El aspirante que obtuvo el primer lugar

    Jorge Parral estudió ciencias de la comunicación en la Universidad de las Américas en Puebla y practicaba kung fu con entusiasmo.

    La familia explicó que Jorge consiguió su trabajo en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el organismo de opera caminos y puentes de cuota y que pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al superar a más de mil solicitantes en una convocatoria abierta que tuvo lugar en 2003.

    Jorge obtuvo el primer lugar entre todos los candidatos en una serie de exámenes. "Mejor hubiera quedado en último lugar", dijo la madre de Parral en una entrevista.

    Era el trabajo ideal: tenía estabilidad, responsabilidades y podía hacer uso de sus conocimientos. Jorge, de 38 años de edad, hablaba con su madre todos los días.

    Cuando Alicia Rabadán de Parral llamó a su hijo alrededor de la 1:30PM el 24 de abril de 2010, una voz desconocida contestó el teléfono. El hombre al otro lado del teléfono le dijo que ese número ya no era de Jorge.

    Alicia le pidió en varias ocasiones hablar con Jorge pero el hombre nunca cedió.

    No había duda, el teléfono de Jorge estaba encendido y siguió en uso —por lo que el gobierno podía restearlo fácilmente con su tecnología— durante meses después del secuestro. Pero según los padres de Jorge, eso nunca ocurrió.

    Cuando se dieron cuenta que lo habían secuestrado, la familia comenzó a buscar desesperadamente a Jorge sin ayuda de las autoridades. En vez de ayudar, los burócratas y las autoridades le dieron largas a los familiares de Jorge tanto en el gobierno de Calderón, cuyo mandato terminó en 2012, como en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.

    La familia estaba segura que si la policía buscaba el auto o el celular de Jorge, objetos que se llevaron durante el secuestro, darían con el paradero de Jorge.

    "Dijeron que iban a revisar las sábanas telefónicas, rastrear el teléfono vía satélite, que iban a intervenir teléfonos... En fin, una serie de mentiras", dijo Jorge Parral padre.

    La familia movió algunos hilos y pidió reunirse con Calderón pero en vez de él, los recibió un delegado de la secretaría de gobernación. Después se reunieron con los organismos gubernamentales creados expresamente para tratar y cuidar a las víctimas de delitos graves en México. Uno de los funcionarios que conocieron en el momento fue Juan Manuel Llera Blanco, entonces titular de la red federal de servicio a la ciudadanía en la administración de Calderón.

    "Fuimos muy insistentes", dijo Jesica Parral. "Yo creo que al vernos así [Llera Blanco], con tanta insistencia, con esa voluntad feral de encontrarlo, le movió el corazón".

    Gracias a eso, Llera Blanco preguntó al ejército si se había decomisado algún vehículo similar a la camioneta blanca de Jorge en El Puerto tras el tiroteo del 26 de abril de 2010.
    Soldados después de una redada y un tiroteo cerca de Ciudad Mier, Tamaulipas, 2 de septiembre de 2010. Según informes, murieron al menos 25 presuntos miembros del cartel murieron y tres secuestrados fueron rescatados. (Foto de archivo de la AP).

    Debió haber sido fácil detectar una posible relación.

    Jorge Parral y un agente aduanal fueron secuestrados en el puente Camargo dos días antes de que el ejército irrumpiera en un rancho donde supuestamente había personas secuestradas.

    No fue hasta el 21 de febrero 2011 que Jorge Parral fue identificado entre los restos de una fosa común en el estado de Nuevo León, donde se enterró a los supuestos sicarios no identificados que murieron en el enfrentamiento con el ejército en el rancho.

    "Nos dijeron de muy mala manera que uno de los cuerpos concordaba" con la descripción de Jorge Parral Rabadán, dijo Jesica.

    Los soldados entraron rápido, disparando como locos

    El arma que le quitó la vida pertenecía a un soldado mexicano que participaba en una incursión militar del rancho El Puerto, de acuerdo con un informe que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) sobre el caso en noviembre de 2013.

    Parral fue trasladado al racho por sus captores. Cuando la patrulla del ejército llegó, le dispararon en repetidas ocasiones a pesar de que sus brazos estaban colocados en una posición defensiva, según el estudio CNDH. Las pruebas de balística demostraron que también le dispararon a quemarropa.

    La familia de Parral dijo que una funcionaria de CAPUFE confesó que los soldados no hicieron nada para reducir al mínimo las muertes de los secuestrados cuando entraron al rancho. "Soltó que (los soldados) habían entrado rápido, disparando como locos", dijo Jesica, refiriéndose a una supervisora de la CAPUFE. "No sabía ni qué decir después".

    Cuando la familia de Parral supo de esto, el caso de secuestro de Jorge Parral se transformó en una posible ejecución extrajudicial, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la organización sin fines de lucro que representa a la familia.

    El incidente ocurrió cuando la violencia en Tamaulipas y Nuevo León alcanzó su punto máximo, que fue el mismo periodo en que las quejas de violaciones contra los derechos humanos a manos del ejército y la armada de México también se elevaron de forma alarmante. Los alegatos de que las fuerzas armadas estaban sobrepasando su autoridad para "ayudar" a la policía en sus esfuerzos por refrenar a los cárteles dejaron una pésima impresión en la opinión pública de ese entonces.

    Esto ha ido cambiando, sobre todo en el último año, tras los asesinatos en masa a manos de las fuerzas del gobierno que tomaron por sorpresa al país: Ayotzinapa, en el que la policía desapareció a 43 estudiantes; Tlatlaya, en el que el ejército asesinó a 22 civiles y Tanhuato, en el que murieron 43 hombres durante un supuesto "enfrentamiento" con las fuerzas de seguridad en el que murió sólo un agente federal.

    A principios de este mes, el alto comisionado en derechos humanos de la ONU exigió al gobierno que retirara al ejército de las labores policiales en la guerra contra el narcotráfico debido al aumento en las quejas de violación a los derechos humanos.

    "Muchos de los temas que denuncia el alto comisionado llevan por lo menos una década en la esfera de discusión pública y no se han hecho cambios verdaderos", dijo Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México, la cual no está involucrado en el caso Parral.

    "Amamos a Jorge", dijo Alicia Rabadán a VICE News. "Para mí, como madre, lo que me mueve es el amor por mi hijo. Esto no está bien".

    En octubre de 2013, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cedió la jurisdicción de la investigación sobre los homicidios en el rancho El Puerto y entregó el caso a las autoridades civiles en un intento nacional por tratar los casos de abusos militares en tribunales civiles. Sin embargo, desde entonces, el caso se ha debilitado en el sistema judicial en Nuevo León.

    El ejército dijo que hizo cuatro detenciones relacionadas con el caso y liberó a siete cautivos pero que ninguno de estos individuos han sido identificados públicamente. Solicitamos más información a la SEDENA pero no accedieron.

    Y aunque los documentos del gobierno identifican el arma que mató a Parral así como al único soldado autorizado a portarla, cuyo nombre no se menciona en los informes, éste aún no ha enfrentado cargos por el asesinato.

    La familia Parral Rabadán afirma que algunos militares han ido a su hogar a ofrecerles dinero a cambio de su silencio.

    "Se sorprenden cuando la gente dice que no confía en las instituciones", dijo Jesica Parral. "Es por esto".

    "Jorge fue el primero de estos casos en el país", añadió. "No teníamos referencias, no teníamos Ayotzinapa ni nada de eso".

    Incidentes de Crueldad

    Por otra parte, la familia también demandó a la CAPUFE por no haber pagado el último cheque de Jorge Parral tras descubrir que el organismo había descontado de su salario los últimos días de abril de 2010, cuando aún se desconocía su paradero, como se puede ver en los registros.

    Antes de su secuestro, Jorge Parral solicitó a sus jefes en CAPUFE más seguridad en el puente de Camargo debido a la violencia que se desató en Tamaulipas desde la guerra contra el narco. Sin embargo, la respuesta fue negativa: le dijeron que no había suficiente presupuesto en CAPUFE para proteger el puente de Camargo y a sus empleados.

    CAPUFE, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no volvió a llamar después de que solicitamos comentarios.
    El ex presidente Felipe Calderón, centro, con el secretario de defensa, el secretario de la marina y el gobernador de Tamaulipas durante el día de la armada en Reynosa, Tamaulipas, el 19 de febrero de 2011. (Foto por Marco Ugarte/AP).

    Llera Blanco, el funcionario de la administración de Calderón que se reunió con la familia de Parral, dijo a VICE News el viernes que entendía la inconformidad de la familia.

    "Entiendo perfectamente que sienten que no se les atendió por completo, porque al principio si hubo poco interés en las oficinas para empujar la búsqueda", dijo Llera Blanco y añadió que había tratado "cientos" de desapariciones similares. "Creo que la respuesta fue mala en algunas cosas y buena en otras".

    Hoy en día, los familiares siguen firmes en su lucha por justicia para Jorge, un proceso "plagado de incidentes de crueldad", según describen.

    Por ejemplo, la familia dijo que en una reunión con Marisela Morales, ex procuradora general de México en la administración Calderón, la procuradora retó a los familiares a que "fueran a Monterrey" y se enfrentaran solos a los presuntos secuestradores de Jorge.

    En enero de 2013, el actual presidente Peña Nieto firmó la Ley General de Víctimas. La familia Parral Rabadán estuvo presente en la firma. Alicia Rabadán dijo que tuvo la oportunidad de saludar a Peña Nieto y entregarle los documentos sobre el caso de su hijo.

    El presidente le dijo a la madre de Jorge que se iba a encargar "personalmente" del caso y que iba a buscar respuestas para la familia.

    Un vocero de Peña Nieto confirmó esta información pero se negó a dar más detalles. La familia Parra Rabadán dice que Peña Nieto no los ha contactado desde entonces.
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