lunes, 9 de mayo de 2016

Parece inevitable la extradición de El Chapo a EU: Corte de San Diego solicitó su extradición

  • lunes, 9 de mayo de 2016
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    El futuro de Joaquín Guzmán Loera ha entrado en un túnel. Cada día que pasa, su extradición a Estados Unidos queda más cerca. Y, cuatro meses después de su detención, ya parece muy difícil que pueda escapar a este destino. Un juez federal mexicano acaba de considerar procedente su traslado tal y como requirió la Embajada de Washington. La decisión judicial, basada en la petición de un tribunal de California por el delito de asociación delictiva para vender cocaína, supone una nueva batalla perdida para el mayor narcotraficante del mundo, pero en ningún caso su salida inmediata. El proceso será largo y plagado de recursos.

    La Procuraduría General de la República (PGR) precisó este lunes que fue la Corte del Distrito Sur de California, en San Diego, quien emitió la causa penal para solicitar la extradición de Joaquín Guzmán Loera a los Estados Unidos.

    En un comunicado, la PGR señaló que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México emitió una opinión jurídica favorable en el procedimiento de extradición que se instruye contra Joaquín “El Chapo”.
    Esta solicitud de extradición corresponde a una causa penal de la Corte del Distrito Sur de California, San Diego, que reclama a Guzmán Loera para que sea procesado por delitos de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína”, precisa la PGR.


    De acuerdo con lo anterior, el Juzgado Tercero remitirá el expediente del “Chapo” Guzmán a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien deberá emitir el acuerdo correspondiente de extradición en un término de 20 días hábiles.
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    Si algo teme Guzmán Loera es penar en una cárcel estadounidense. Allí, ni su poder de corrupción ni su capacidad asesina surten efecto. Consciente de ello, el líder del cártel de Sinaloa ha puesto en marcha una batería de amparos para frenar su traslado. Coordinada por un equipo de 13 abogados y con una financiación prácticamente inagotable, la estrategia tiene en mente el caso del sanguinario Edgar Valdés Villareal, La Barbie, cuyo envío fue autorizado por la justicia mexicana en 2011, pero no se consumó hasta octubre del 2015. Algo parecido puede ocurrir ahora.

    Aunque el juez haya dado la luz verde a su extradición, el trámite está lejos de haber terminado. Aún falta que el sumario pase a manos de la Secretaría de Exteriores y que desde ahí, en 20 días, se conceda el traslado. Una vez autorizado, se abrirá el juicio de amparo y su correspondiente recurso de revisión. Un proceso infestado de vericuetos jurídicos que puede dilatarse durante meses.

    Este tiempo juega en contra del Gobierno. Los antecedentes de El Chapo y la inmensa habilidad del cártel de Sinaloa para burlar la seguridad penitenciaria, hacen temer un intento de fuga. El Ejecutivo es consciente de ello y ha estrechado el cerco. Este mismo fin de semana, en un movimiento sorpresa, el preso ha sido trasladado a una prisión de Ciudad Juárez (Chihuahua). El envío fue presentado como parte de la rotación que impone el protocolo de seguridad. Pese a ello, algunos especialistas han llamado la atención sobre el riesgo de llevarle a un centro penitenciario de menor nivel que El Altiplano, de donde se fugó en julio pasado. Alimentan las dudas, no sólo que la cárcel sea una de las peor calificadas del ámbito federal, sino que en marzo de 2014 se sumió en el ridículo cuando cinco presos se escaparon tranquilamente saltando el muro con cuerdas y ganchos. Ahora, según las autoridades, la seguridad se ha extremado y un operativo de élite se ha hecho cargo del preso.

    En cualquier caso, una nueva fuga supondría un golpe de tal envergadura para el presidente Enrique Peña Nieto que es difícilmente concebible que su cambio de ubicación se haya decidido a la ligera. El Chapo es una cuestión de Estado para México. Tanto su permanencia en prisión, mientras dure el proceso, como su envío a Estados Unidos son objetivos que trascienden el espacio de la política penitenciaria. Un fallo en cualquier lado de la cuerda arrastraría consigo al Gobierno entero.

    En un clima de escepticismo general, el envío a Estados Unidos del enemigo público número uno se ha convertido en un termómetro de la lucha contra el crimen organizado. Aunque durante la primera parte de su mandato, Peña Nieto redujo el ritmo de extradiciones e incluso la bloqueó para El Chapo, la increíble fuga del narcotraficante pulverizó esta política. Su salida de la prisión de El Altiplano por un túnel de 1.500 metros ahondó hasta límites insospechados la desconfianza ciudadana y abonó la sospecha de corrupción y connivencia del aparato de seguridad.

    En este punto crítico, huido el criminal y humillado su Gobierno, el presidente dio un giro radical e hizo de la detención y entrega a Washington del líder del cártel de Sinaloa una demostración de fuerza. Lanzó una gigantesca operación de captura. Movilizó como nunca antes a militares, policías y agentes de inteligencia. Y abrió las puertas a la colaboración de Estados Unidos. El pasado 8 de enero enero, El Chapo cayó. Ahora falta completar la segunda parte de la promesa y extraditarlo. Cualquier fallo, le costará al presidente su puesto en la historia.
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